El próximo 6 de junio de 2021 se renovará el cargo de gobernador en quince entidades de la República mexicana. Dicho cargo tiene la responsabilidad jurídica de realizar un proceso de entrega-recepción constitucional, en el cual rinde cuentas del cumplimiento de las facultades que le fueron encomendadas por parte de la ciudadanía.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos deberán administrar los recursos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Por lo anterior, podemos resaltar la obligación de los gobernadores de entregar las finanzas de los estados a los que representan en las mejores condiciones, para que los servidores públicos entrantes puedan cumplir sus facultades bajo la misma tesitura.
Sin embargo, en nuestro país hemos sido testigos del mal uso del erario por parte de gobernadores, que se han enriquecido y, muchas veces, durante el último año de su gubernatura han incurrido en gastos excesivos que demuestran la focalización de esos recursos a otras áreas, que no son precisamente el desarrollo económico o social de la población.
No olvidemos los mencionados casos de exgobernadores como:
- Javier Duarte, de Veracruz
- Guillermo Padrés, de Sonora
- César Duarte, de Chihuahua
- Roberto Borge, de Quintana Roo
- Armando Reynoso, de Aguascalientes
Y esto, por nombrar sólo algunos en los que se han detectado incrementos abruptos en sus patrimonios.
Ahora bien, un punto clave en el que los ciudadanos debemos analizar la confianza que depositaremos en los servidores públicos es, justamente, el manejo de las finanzas públicas; veamos algunos datos aislados:
–El pasado mes de mayo la calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación del estado de Aguascalientes como un estado con perspectiva estable, lo que significa que continuará con un desempeño presupuestario estable y una deuda pública baja.
-En contraste, el estado de Michoacán contrató, el pasado mes de marzo, una deuda de alrededor de 4 mil millones de pesos para destinar a la inversión pública productiva, según datos del Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (SHCP), y presentó para el ejercicio fiscal de 2021 un proyecto de presupuesto con un déficit de alrededor de 7 mil millones de pesos.
Ambos estados manejan la deuda pública; sin embargo, Aguascalientes tiene un uso controlado de su deuda, lo que refleja en el desarrollo económico de la región y la estabilidad de sus finanzas; al contrario, Michoacán tiene un crecimiento anual de su deuda, un presupuesto de ingresos y egresos con déficit, no hay crecimiento económico que impacte a la región y, además, no logra solventar los compromisos de su gobierno, como en el caso del pago de prestaciones de ley para sus colaboradores.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma en cuenta los resultados que las entidades federativas van presentando de manera trimestral, para determinar el desempeño financiero de los gobiernos estatales en los rubros siguientes:
- Planeación
- Programación
- Ejercicio y control
- Seguimiento
- Evaluación
- Rendición de cuentas
- Consolidación
- Buenas prácticas
Lo anterior nos permite identificar que las decisiones tomadas por los gobernadores, con apoyo de sus gabinetes, son diversas, y que también son diversos los indicadores y criterios para medir el desempeño de las finanzas públicas.
Lo importante es que esas decisiones impacten de manera óptima al estado financiero de los gobiernos, de tal manera que se permita la continuidad a corto, mediano y largo plazo del enriquecimiento de los estados y no el de los bolsillos de los servidores públicos.
