El próximo mes de junio, se llevarán a cabo las elecciones de 500 diputados federales, 15 gubernaturas, así como la renovación de congresos locales, diversas presidencias municipales, alcaldías, regidurías y síndicos.
En este sentido, de conformidad con la Constitución General de la República, todas las cuestiones relacionadas con la materia electoral, corresponde llevarlas a cabo, en cuanto a su organización al Instituto Nacional Electoral, e impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como sancionar a todos aquellos que utilicen temas no acordes con las reglas establecidas en los ordenamientos legales aplicables.
De ahí que, en principio, la pandemia provocada por el coronavirus “Covid-19”, no debe, por parte del Gobierno Federal, los partidos políticos y, en general, los candidatos a ocupar algún puesto de elección popular, manejarse “políticamente”, para que tenga, de alguna forma, efectos en las elecciones de junio del presente año, pues como lo argumenté, el proceso electoral debe estar alejado de cuestiones de salud pública, que, por mandato constitucional, es obligación de las autoridades del sector salud (por su competencia), proteger, garantizar, promover y respetar el derecho que tenemos las y los mexicanos de protección a la salud, que, desde luego, implica la vacunación contra el “Covid-19”.
En efecto, la propia Organización Mundial de la Salud pidió a los países que “dejen de politizar el coronavirus, si no quieren ver más bolsas con cadáveres”, lo que implica que, en el proceso electoral en curso, la pandemia no debe tener un manejo político, por el contrario, debe ser una prioridad del gobierno, para que pronto, muy pronto, todas las y los mexicanos quedemos vacunados y salgamos de esta pandemia que tanto ha afectado a nuestro país en diferentes aspectos de nuestras vidas.
