El jueves de la semana pasada, se dio noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR), una vez llevadas a cabo las investigaciones correspondientes, no encontró pruebas que determinaran la participación del exsecretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos Zepeda, en la comisión de los delitos contra la salud y lavado de dinero, por los cuales se integró expediente por parte de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América, por lo que determinó no ejercer acción penal en su contra.
El Departamento de Justicia de aquel país, criticó la decisión adoptada y se dijo: “profundamente decepcionado” por el cierre de la investigación, así como por el hecho de compartir información de carácter “confidencial”, reservándose su derecho para reiniciar otro proceso al respecto.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que su gobierno hizo lo correcto al cerrar el caso del General Cienfuegos, dado que, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, no se encontraron elementos que demostraran su culpabilidad.
Considero que, desde el punto de vista legal, en un estado de derecho, como nuestro país, se deben cumplir con los principios constitucionales y las leyes de la materia, en el caso que nos ocupa, el de presunción de inocencia y el debido proceso, de ahí que, si no existen medios de prueba que demuestren la presunta comisión de delitos por parte del exsecretario de la Defensa Nacional, no debe ser procesado penalmente.
Sin embargo, considero que, aun y cuando el propio presidente de nuestro país, ha informado que el tema que nos ocupa no afectará la relación con el país del norte, existe la posibilidad de que las relaciones estratégicas en materia de seguridad bilaterales se tensen, dado que existe “confrontación” pública en este caso en particular.