Recién la Fiscalía General de la República tomó una decisión de gran trascendencia al resolver no ejercer acción penal en contra del General Salvador Cienfuegos, lo cual se derivó de una investigación judicial después de haber sido detenido en los Estados Unidos.
Hay que recordar que las autoridades de aquel país determinaron retirar los cargos que habían hecho al militar.
Aun así, una vez que el General regresó a México, la Fiscalía se abocó a revisar puntualmente el expediente que le remitió el gobierno norteamericano y valoró todos los argumentos y supuestas pruebas para conocer la verdad sin ningún prejuicio.
Hay que recordar que en México opera la presunción de inocencia como parte fundamental de los derechos humanos y así se ha procedido.
Las investigaciones imparciales y veraces deben ser el punto de partida para alcanzar una auténtica justicia. Nadie debe ser juzgado, legal, social o mediáticamente por meras suposiciones. Por eso, en este caso, debemos confiar en el trabajo profesional de la Fiscalía, apegado a la Ley y comprometido con la justicia.
Ahora bien, al ser un asunto de gran interés público, resulta indispensable despejar cualquier duda.
De ahí que sea procedente que el gobierno y los responsables de la procuración de justicia actúen con absoluta transparencia y por eso se haya dado a conocer de manera íntegra el expediente respectivo.
Ello no debe generar fricciones en las relaciones bilaterales porque simplemente cada país ha ejercido su plenamente su soberanía. Las instituciones mexicanas se han manejado estrictamente dentro de la Ley, pero en caso de existir alguna diferencia de opinión o de criterio entre gobiernos es posible y deseable que se dirima mediante el diálogo y el acercamiento diplomático como se ha hecho hasta ahora.