En días pasados, se dio noticia de una iniciativa de ley propuesta por el senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, su finalidad: regular las redes sociales.
Nuestra Constitución Federal, reconoce como derechos humanos de las y los mexicanos, el de libre pensamiento y la libertad de expresión, así como que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio (incluidas las redes sociales), derechos fundamentales que en todo régimen democrático deben garantizarse.
De la lectura de la iniciativa que nos ocupa, destaco las propuestas de protección a los bienes jurídicos tutelados frente a la libertad de expresión como el derecho al honor, a la vida privada, así como el combate a los “discursos” de odio y de aquellas informaciones que pueden poner en entredicho la seguridad de la nación.
Sin embargo, la propia Carta Magna es muy clara al establecer que la libre manifestación de ideas tiene, a saber, los siguientes límites:
Que no se ataque a la moral, Que no se ataque la vida privada, Que no se ataque los derechos de terceros, Que no se provoque algún delito; restricciones que son necesarias, adecuadas y proporcionales, puesto que encuentran su razón de ser, en el respeto a otros derechos, bienes o intereses de la sociedad en su conjunto, que, sin duda, aseguran la coexistencia armónica de todos los derechos humanos.
De ahí que, en caso de que se lleguen a regular las redes sociales, debe hacerse en el marco constitucional y legal, tomando en consideración el principio de interdependencia que significa que los derechos están íntimamente relacionados, y que, desde luego, tienen la misma jerarquía, importancia y nivel de protección.
