Se debe regular lo que no está regulado. Como legisladores, con un equipo técnico que nos respalda, el primer paso para emitir nuevas normas o reformar las existentes, es revisar el estado actual de la legislación, es decir, el derecho vigente.
De no hacerlo así corremos el riesgo de sobre regular y contraponer disposiciones jurídicas que, en caso de una interpretación para aplicarlas le generarán un problema enorme a los juzgadores.
En el caso preciso de las redes sociales apelamos a derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, por lo que normar un tema que ya existe hasta en leyes secundarias, hace parecer que una iniciativa se hace más para el impacto mediático que para la utilidad social.
Desde luego, propugnamos porque este debate se dé en el campo de las ideas y no de las pasiones. No se trata de querer ocupar las ocho columnas de un periódico, sino de entregar disposiciones que protejan el ejercicio de derechos de las y los mexicanos. En este caso el derecho a la libertad de expresión, pero también a la protección de datos personales.
Las plataformas de redes sociales son entes privados que deben basar sus términos y condiciones, así como su actuar a la normatividad que tenemos, por lo que resulta absurdo tratar de ocuparnos de un solo ejemplo como si la ley pudiera darse el lujo de no ser general y sí casuística.
Una reforma de esta magnitud, no sólo pretende normar cuestiones que ya están en leyes que dan origen al IFT o que se refieren a la transparencia y protección de datos personales, sino que cargaría de un peso operativo insostenible a la dependencia pública que se piense (en este caso parece que se quiere cargar esa tarea al IFT) quien fungiría como un policía cibernético en redes que tienes cientos de millones de interacciones diarias.
Debemos concluir diciendo que las redes sociales ya están reguladas en diversas disposiciones, sin embargo, el debate debe estar abierto para fortalecer esa legislación vigente y no para inventarnos cuestiones que buscan más un capital político que una responsabilidad frente a las y los mexicanos. Protejamos, no engañemos.
