El próximo mes de junio se llevarán a cabo las elecciones de 500 diputados federales, 15 gubernaturas, así como la renovación de congresos locales, diversas presidencias municipales, alcaldías, regidurías y síndicos.
De conformidad con la Constitución General de la República, todas las cuestiones relacionadas con la materia electoral corresponde llevarlas a cabo, en cuanto a su organización, al Instituto Nacional Electoral, e impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a ambos organismos sancionar a todos aquellos que transgredan las reglas establecidas en los ordenamientos legales aplicables; asimismo, es obligación de las autoridades municipales, estatales y federales, ofrecer las condiciones adecuadas de seguridad pública.
La semana pasada se dio noticia del asesinato de Ignacio Sánchez, aspirante por la coalición PVEM-Morena-PT-MAS a la candidatura por la presidencia municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo.
Lo anterior enciende los focos rojos en torno a la violencia que se pueda suscitar en contra de aspirantes, candidatas y candidatos en el proceso electoral de junio de 2021, de acuerdo con la consultora Etellekt, durante el proceso electoral 2018 se realizaron 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos (funcionarios que no dependen de procesos electorales); de estos hechos, 152 políticos fueron ultimados de los cuales 48 precandidatos y candidatos a puestos de elección. Además de 371 funcionarios asesinados.
Considero que la democracia y el desarrollo del proceso electoral que se avecina no deben verse empañados por la violencia criminal, pues si bien es cierto que existen diferencias políticas e ideológicas entre los distintos partidos políticos, también es verdad que las diferencias deben arreglarse siempre desde la vía pacífica, a través del diálogo y confío plenamente en que las autoridades garantizarán la paz pública y la integridad física de todas y todos los contendientes.