No, el sistema de salud presenta severas y profundas carencias que nos hacen suponer que la prevención de adicciones será una tarea sumamente complicada, sobre todo si consideramos que la reacción a los problemas de salud presentes ni siquiera ha podido ser mínimamente eficiente, lo cual se convierte en un tema sumamente preocupante de cara a los retos que se vienen respecto al consumo de estupefacientes.
La importancia de la promoción de las libertades no está en duda, por lo que la reforma aprobada en el Congreso de la Unión respecto al uso lúdico del cannabis es un significante avance en ese aspecto; sin embargo, el entramado legal debe ser acompañado de políticas públicas suficientes que permitan contar con un marco de acción para que este tipo de circunstancias no se convierta en un problema de salud pública.
El sistema de salud –aún antes de la pandemia– había colapsado; el papel que antes tenía el Seguro Popular fue eclipsado con la creación del Insabi que, lejos de llegar a cambiar las condiciones, las agravó aún más, evadiendo responsabilidades y negando atención a las y los mexicanos.
Al día de hoy, las dependencias encargadas de la prevención de las adicciones no se han pronunciado para que el consumo de estas sustancias, y de otras que son dañinas por su consumo permanente como el alcohol y el tabaco, se dé en un marco informado para todos los sectores de la sociedad enfocándose, desde luego, en jóvenes.
Si esperamos a corregir los problemas de salud del consumo irresponsable, el sistema de salud como se encuentra ahora mismo no será capaz de revertir una circunstancia que se pudo combatir desde la perspectiva de la prevención.
Debemos recordar que con la reforma se previó la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, el cual, aunque será regido por un consejo, la designación del titular depende la Secretaría de Salud, dependencia que ha demostrado su incapacidad para hacer funcionar el Insabi, por lo que resulta preocupante dejar en sus manos un tema que se puede convertir en una situación grave en materia de salud pública.