La solución para reducir y erradicar los delitos de secuestro y extorsión merece un análisis profundo y multidisciplinario.
La obligación de que millones de usuarios de telefonía móvil tengan que entregar sus datos biométricos no es la solución y puede generar mayores problemas de seguridad.
Que una ley establezca que la autoridad puede acceder a tus datos biométricos sin la orden de un juez es grave y lo que pasaría es que las personas que no tienen acceso a una tarjeta de crédito y estén en sistemas de prepago, se verían obligadas a perder su línea celular.
Estamos frente a una medida violatoria de derechos humanos y de varias leyes de telecomunicaciones.
La primer problemática para la implementación de esa medida, tiene que ver con el esquema de comercialización de las empresas que brindan servicios de comunicación, pues dotar de equipos de recolección de datos biométricos a los 500 mil negocios que venden tarjetas SIM alrededor de la república mexicana, se torna altamente complejo, y aún estableciendo el supuesto de que contaran con lo necesario, obligar a las personas que ya tienen un teléfono celular contratado bajo otras condiciones tampoco sería posible, pues ninguna ley debe ser retroactiva.
Otro problema al que nos enfrentamos es el tratamiento que darían a esa información dada su naturaleza y que tendría que ser un trabajo quirúrgico, ya que hablamos de datos biométricos que van desde la huella dactilar, reconocimiento facial, de iris o retina, de voz, la firma, o incluso el ADN de las personas.
Existen problemas técnicos para que una autoridad reguladora autónoma como el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda resguardar una base de datos de tal magnitud.
Igualmente, es contrario a la Constitución que una autoridad administrativa de seguridad e inclusive de procuración de justicia puedan acceder a la base de datos del padrón sin orden judicial.
Es necesario realizar un estudio mayor sobre las consecuencias que traerán dichas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Claramente el delito de extorsión telefónica en México ha ido en aumento y constituye un gran reto para las autoridades, pues lamentablemente todos hemos conocido al menos a una víctima de este delito.
