Estamos a menos de 30 días de que concluya la LXIV Legislatura, la cual se ha destacado por tener episodios desaseados e irregulares desde el 2018 en donde una nueva mayoría asumió en cargo en ambas cámaras. Para concluir esta legislatura, nos encontramos en una penosa situación en donde legisladores acusados de delitos graves deberían enfrentar a la justicia y no aprovecharse de su condición de legislador para estar amparados bajo la figura del fuero constitucional.
Existen dos tipos de fuero establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecido en el artículo 61 de la Constitución, que garantiza la libertad de discurso y protege a los legisladores en el ejercicio de sus funciones. Y por otro lado, el establecido en el artículo 111 que establece la inmunidad procesal, por la cual determinados servidores públicos no pueden ser procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados determine la procedencia de los procesos en cuestión.
La justicia debe ser pronta, expedita y ajena a los intereses políticos en un escenario ideal. Sin embargo, han quedado dudas de las intenciones de el grupo mayoritario en el Congreso de la Unión por el entorpecimiento del proceso de desafuero de dos miembros del mismo grupo en la Cámara de Diputados, que si bien, tienen una garantía de presunción de inocencia, por respeto a las víctimas y en honor a la verdad, deberán enfrentar un proceso penal que defina su situación jurídica.
Nuestro trabajo como legisladores, es abordar y resolver los temas que la nación demande en el momento oportuno, de manera eficiente y eficaz, al tenor de lo establecido en la Constitución y en las leyes que de ella emanen. Más allá de priorizar algunos temas sobre otros en el despacho de asuntos legislativos, deberíamos estar al día con los asuntos que se presenten y no dejar impresión alguna de que la política influye en la protección de personajes imputados por la comisión de delitos.
Aún quedan algunas semanas de esta legislatura, hay tiempo para que la Comisión Permanente convoque a un segundo periodo extraordinario que aborde y resuelva sobre los desafueros en cuestión, que más allá de dejar certeza y constancia de la búsqueda de justicia, deja una impresión de impunidad y complicidad parlamentaria para proteger a sujetos que deben presentarse a enfrentar un proceso penal.
