El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección de gobernador en Puebla y confirmó la constancia de mayoría a la candidata ganadora Martha Erika Alonso.
Determinó, por votación dividida, que no hubo falta de certeza en la elección celebrada el 1 de julio, por lo que no procede la anulación.
Así el Pleno de la Sala Superior confirmó el triunfo de Martha Erika Alonso, postulada por la coalición Por Puebla al Frente, quien tomará posesión como gobernadora de Puebla el 14 de diciembre.
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En sesión pública, el Pleno de la Sala Superior registró tres votos de José Luis Vargas Valdez, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Areli Soto Fregoso en favor del proyecto que planteaba la anulación de la elección y, por ende, revocar la constancia de mayoría a Martha Erika Alonso.
Sin embargo, con cuatro votos en contra de la presidenta del TEPJF, Janine, M. Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Felpe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante González se determinó no avalar el proyecto que proponía la anulación de la elección elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdez.
Las pruebas fueron insuficientes para acreditar irregularidades: TEPJF
La Sala Superior desechó el proyecto al considerar que la violencia, robo y destrucción de urnas en 59 casillas, robo de cuatro urnas y 800 boletas encontradas en una camioneta volcada fueron irregularidades que fueron probadas en el expediente, pero no reúnen los requisitos que exige la legislación electoral para anular la elección
Respecto a la violación de la cadena de custodia, en el resguardo de los paquetes electorales, los magistrados de la mayoría señalaron que no hay “evidencia empírica”, “evidencia razonable” de alteración de los paquetes electorales.
Ello, toda vez que en el proyecto que fue rechazado sólo hay “meras posibilidades, hipótesis” y “las pruebas fueron insuficientes para acreditar irregularidades”.
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Asimismo, los señalamientos de Morena y de su entonces candidato Miguel Barbosa sobre la presunta comisión de delitos por parte de servidores públicos del gobierno de Puebla, militantes partidistas e integrantes de la campaña de la coalición Por Puebla al Frente fueron considerados infundados.
Lo anterior, al advertir que los actores no probaron la compra de votos, la existencia de un laboratorio electoral y “que las personas ilegalmente detenidas por elementos de seguridad pública de la entidad hayan sido brigadistas de Morena”.
Del mismo modo, que en el robo de cuatro urnas, “no se acredita responsabilidad de algún funcionario estatal«.
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