El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional adoptado por el presidente de Ecuador Lenin Moreno le condujo a reforzar su agenda neoliberal y a anunciar una serie de medidas orientadas a la pauperización de las mayorías sociales, que incluían una potente ofensiva contra los derechos laborales y una retirada inmediata de los subsidios a los combustibles.
La protesta social y el Paro Nacional convocado por el Movimiento Indígena y otros colectivos en oposición la imposición del Decreto 883 relativo a los combustibles fue contestado por el gobierno mediante una estrategia marcada por el uso excesivo de la represión policial y militar y con la difusión sistemática de un falso discurso orientado a criminalizar a la oposición política y a los líderes sociales.
Tal represión, según los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, ha dejado 8 personas fallecidas, 1192 detenidos y 1340 heridos. Además, tanto durante como después de levantado el Paro Nacional, se han sucedido las detenciones de líderes políticos críticos con el Gobierno, como la Prefecta de Pichincha y de líderes de movimientos sociales. También se han registrado denuncias por parte del Ministerio de Gobierno contra líderes indígenas y sindicales.
Ante esta situación, el CLAJUD -Consejo Asesor para temas jurídicos del Grupo de Puebla conformado por juristas internacionales- denuncia la gravedad de los hechos ocurridos, así como el actual clima de persecución política y llama a la apertura de un proceso de normalización democrática en Ecuador. El gobierno debe detener el uso selectivo y arbitrario del derecho contra líderes políticos, indígenas y sindicales y proceder a la liberación de los detenidos. Por añadidura, es imprescindible el inicio de una investigación judicial de los abusos del uso la fuerza cometidos durante el Paro Nacional, para que se repare a las víctimas.
«Desde el CLAJUD subrayamos que las medidas fondomonetaristas adoptadas por diversos países en la región están siendo contestadas por los pueblos de América Latina que no soportan más la restricción de derechos y la pobreza impuesta por las elites económicas. La aplicación de las medidas está requiriendo el uso de mecanismos represivos para acallar la protesta así como la permanente manipulación mediática y la utilización sistemática del aparato judicial como instrumento para limitar las libertades políticas».
Dada la gravedad de la situación, el CLAJUD insta al gobierno del Ecuador a investigar y reparar los abusos cometidos en el uso de la fuerza pública, a detener de inmediato la represión política y liberar a los cargos públicos y activistas detenidos y a cesar las acusaciones infundadas contra el ex – Presidente Rafael Correa. Todas estas actuaciones son imprescindibles para conseguir la paz social y poner fin al conflicto.
De igual manera, el CLAJUD insta a los sistemas y órganos regionales e internacionales de derechos humanos a investigar con urgencia las violaciones señaladas y a enviar misiones de expertos a la mayor brevedad para monitorear la restauración de derechos y libertades en Ecuador.
Firmado, 16 de octubre de 2019
- Emilio Camacho
- Jose Eduardo Cardozo
- Roberto Manuel Carlés
- Oswaldo Ruiz Chiriboga
- Gisele Cittadino
- María José Fariñas Dulce
- Baltasar Garzón
- Eli Gómez Alcorta
- Adoración Guamán
- Hugo Gutiérrez
- Damián Loreti
- Juan Martín Mena
- Carol Proner
- Gisele Ricobom
- Enrique Santiago
- Pedro Serrano
- Juarez Estevam Tabares
