La Universidad Iberoamericana pidió al Gobierno del Estado investigar los homicidios violentos en los cuales se identifique como posible causa razones por orientación sexual e identidad de género, así como elaborar un diagnóstico para conocer las necesidades de la comunidad LGBTI+.
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En el marco del Día Internacional contra la lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia, la institución jesuita reconoció que ha habido avances, entre ellos el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobado el 10 de noviembre de 2020.
También la aprobación de la Ley Agnes por parte del Congreso del Estado, el pasado 26 de marzo, cuyo objetivo es reconocer el derecho a la identidad de género y permitir a las personas trans solicitar cambios en sus actas de nacimiento, sin acreditar intervenciones quirúrgicas, diagnósticos y procedimientos de modificación corporal.
No obstante, señaló que aún quedan pendientes ya que en la entidad existen grupos antiderechos que influyen y atentan contra la integridad de las personas al promover la ignorancia, el miedo, la estigmatización y la violencia hacia orientaciones sexuales diversas.
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTI en el estado de Puebla se han registrado 22 crímenes de odio entre el 2014 y el 2021, mientras que el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Ibero ha documentado hemerográficamente 32 casos de 2007 a 2018.
Ante dicho escenario de discriminación y violencia exhortaron a las autoridades estatales a investigar los homicidios violentos, cuyos posibles motivos hayan sido por la orientación sexual y se garantice el acceso a la justicia y sancione a los responsables.
Así también diseñar un diagnóstico estatal para conocer las necesidades de la comunidad LGBTTTI+ y así, elaborar planes de acción, programas y campañas para los 217 municipios.
Velar por la participación democrática y política de candidaturas a puestos de elección popular de personas de la comunidad, libre de discriminación y violencia política.
Finalmente, garantizar que las dependencias estatales adopten las reformas derivadas de la Ley Agnes, así como el derecho a la salud, al empleo, así como a los derechos sexuales y reproductivos.
Cabe mencionar que, desde noviembre de 2020, el Gobierno del Estado aprobó la creación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBT+, órgano interno de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento a crímenes calificados como de odio, por orientación sexual o de género.
Sin embargo, a la fecha no se ha dado a conocer cifras oficiales de casos que se estén investigando como crímenes de odio en Puebla.
