Los anexos o centros de rehabilitación en Puebla se han convertido en lugares de muerte para algunos, pues más allá de encontrar un lugar para dejar adicciones, han sido recibidos con golpizas que han acabado con sus vidas; además de que operan con irregularidades.
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El último caso reportado es el de un joven de 20 años que falleció de un infarto en el Anexo “Grupo Resurgimiento”; ubicado en la junta auxiliar San Felipe Hueyotlipan, de la capital de Puebla.
Familiares del hoy occiso contrataron los servicios de una funeraria privada para retirar el cadáver del interno con la intención de continuar el proceso de sepultura.
Cabe recordar que el 24 de diciembre de 2019 un paciente de 43 años de edad también perdió la vida en este mismo anexo; pero a consecuencia de la brutal golpiza que le dieron.
Otro caso grave fue el de José Armado, un joven de 26 años, oriundo de Chiapas; quien murió a causa de los severos golpes que recibió en diversas partes de su cuerpo, adentro de un centro rehabilitación contra las adicciones en el municipio de Tepeaca, el pasado 15 de junio.
Este miércoles, durante su conferencia matutina, el gobernador Miguel Barbosa explicó que solicitó a la subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Segob, Raquel Medel Valencia y al Consejero Jurídico, Ricardo Velázquez Cruz que se elaboraran lineamientos para la regulación de los anexos.
Apuntó que es la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Depris) es la que se encarga de revisar su funcionamiento; sin embargo, acuso que muchos estos lugares funcionan de manera clandestina.
En abril ocurrieron al menos dos homicidios
Otro caso ocurrió el 14 de abril, en el centro de rehabilitación llamado “Puerta a la Vida” de la colonia Santa María, en el municipio de Puebla; en donde Fernando N, de 42 años de edad, murió por la golpiza que presuntamente le propinaron.
El 8 de abril, Alan Jafer, de 21 años de edad, también fue asesinado en el anexo para adictos a las drogas “La Piedad”, que se ubica en la colonia Lomas de San Miguel , 15 días después de haber ingresado de manera voluntaria.
