La Fiscalía General de la República (FGR) pidió prisión preventiva para el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa en la trama de corrupción del caso Odebrecht.
En este sentido, anuló el criterio de oportunidad otorgado en un principio a Lozoya, pues solo lo utilizó para retrasar la investigación sin el propósito de reparar el daño, de acuerdo con la FGR. Además, reveló que la petición se basa en la posible sustracción de la justicia por riesgo de fuga, debido a que tuvo oculta una empresa con al menos dos millones de euros de Odebrecht.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de su titular Santiago Nieto, refrendo el pedido de la Fiscalía para sustituir las medidas cautelares a Lozoya Austin--criterio de oportunidad y el brazalete electrónico--por la prisión preventiva.
Por su parte, la defensa de Pemex también avaló que el ex director de Pemex fuera encarcelado y refirió el ‘descaro’ del imputado para pasearse y cenar en un lujoso restaurante de la Ciudad de México con una proceso abierto en su contra.
Luego de una serie de audiencias realizadas de manera remota, la FGR obligó al ex titular de Petróleos Mexicanos a presentarse de forma presencial al juicio y negó a Lozoya una nueva prórroga de 60 días para la recolección de pruebas.
Sin embargo, la decisión del juzgador Artemio Zuñiga Mendoza fue contraria a la negativa a la cual se había sumado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex, y determinó, en primera instancia, otorgar un mes más a Lozoya y su defensa.
Hablar, el precio de su libertad
Emilio Lozoya fue extraditado de España a México en agosto del 2020, bajo el criterio de oportunidad con la FGR, para recibir el trato de testigo colaborador a fin de entregar información sobre personas de mayor peso envueltas en el caso de sobornos entregados por la empresa Odebrecht en México.
De tal forma, en la audiencia inicial solo fue obligado a portar un brazalete electrónico y firmar periódicamente–nunca lo hizo en persona– ante el Reclusorio Norte.
Al respecto, el ex titular de Pemex es acusado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, y habría recibido al menos 10 millones de dólares por parte de la empresa brasileña para ‘cabildear’ la Reforma Energética de Peña Nieto. Sin embargo, no recibió sentencia por el acuerdo establecido con la FGR.
En su primera denuncia de hechos involucró a personajes de alto rango en la esfera política durante el pasado sexenio, de la talla de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Ricardo Anaya y Jorge Luis Lavalle Maury, quien actualmente está encarcelado.
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Dentro de los actos de corrupción donde se involucraron políticos mexicanos con Odebrecht, destaca la supuesta entrega de sobornos millonarios a legisladores para la aprobación de la Reforma Energética de Peña Nieto. Además, el supuesto financiamiento de la campaña presidencial del priista en 2012.
