La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Alianza de Medios Mx demandaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una acción contundente ante la ausencia de justicia por el asesinato del periodista Francisco Ortiz Franco, fundador del semanario Zeta, en 2004 en Tijuana, Baja California.
En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones señalan que el asesinato ocurrió hace 17 años y desde entonces ninguna persona ha sido sentenciada como responsable del crimen.
El documento resalta que la CIDH “debe observar que la Fiscalía Estatal de Baja California reconoció tácitamente que 17 años después no ha sido capaz de proporcionar justicia en este crimen, porque mantiene abierto el expediente y justifica que sigue bajo investigación”.
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Este incumplimiento, sentencian la SIP y la Alianza de Medios Mx, constituye “una violación grave a los derechos humanos de la familia de Ortiz Franco, pero también de la sociedad y de los periodistas en México”.
Resaltan que en este caso se está ante una indebida diligencia en la investigación de los hechos y ante el incumplimiento del principio de plazo razonable, la respuesta investigativa y judicial del Estado mexicano, en el crimen de un periodista que representa un ataque directo a la libertad de expresión de la sociedad.
Esta falta de respuesta, explicaron, implica que “el Estado mexicano está incumpliendo su obligación de garantizar los derechos de los familiares de acceso a la justicia y a conocer la verdad sobre los hechos; una violación extensiva a la sociedad y en particular a los periodistas”.
Recordaron que hasta ahora se contabiliza casi un centenar de ataques a periodistas, pero además urgieron a resolver el caso y no permitir que el delito prescriba.
El caso de Ortiz Franco data del 22 de junio de 2004 en Tijuana, Baja California.
De acuerdo con los primeros datos periciales, se trató de un ataque bien planeado y consumado por un sicario entrenado.
El ataque ocurrió a 300 metros de las oficinas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General del estado de Baja California); sin embargo, las autoridades no llegaron a auxiliar al periodista de inmediato.
Como editor del semanario, además de coordinar información, escribía una columna y reportajes sobre política, inseguridad, corrupción y sobre los grupos criminales que operaban en Baja California.
Los artículos de Ortiz Franco exhibían constantemente la corrupción y complicidad de los integrantes del cártel con las autoridades estatales, particularmente de la ahora Fiscalía de General.
Después del crimen, la entonces Procuraduría General de Justicia del estado abrió el expediente 132/04/201, y al mismo tiempo, la ahora Fiscalía General de la República, en su área de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, abrió otro expediente.
Su entonces titular, José Luis Santiago Vasconcelos (fallecido), informó en su momento que el caso fue atraído a nivel federal, por tratarse de que el Cártel de Tijuana era el responsable.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente por el asesinato de Ortiz Franco, bajo el número 2004/2133/5/Q, considerando que sería un ataque a la libertad de expresión.
Incluyó el caso en una Recomendación General, la número 17, en 2009, la cual no se cumplió. Sin embargo, a partir de una solicitud de transparencia fechada en mayo de 2021, el organismo respondió que el caso se consideraba como “concluido”, lo que significa que a pesar de mantenerse en total impunidad el crimen de Ortiz Franco, la CNDH no continuará exigiendo justicia.
Conforme avanzaron las investigaciones, las propias autoridades mexicanas identificaron como el responsable del asesinato al Cártel de los Arellano Félix, y como planificador, a uno de sus principales aliados y líderes de sicarios, Manuel Arturo Villarreal Heredia, quien fue detenido por la DEA como parte de la operación Shadow Game el 14 de agosto de 2006, junto a su jefe Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, uno de los líderes del Cártel de Tijuana, y quien podría haber ordenado el crimen, pero no se profundizó en las investigaciones.
Y así, el Estado mexicano, en 17 años, presenta nulos resultados en el caso del asesinato del editor de Zeta. Por el contrario, hubo un abandono de las pesquisas, explican las organizaciones denunciantes.
“De continuar la misma dinámica por parte del Estado mexicano, se corre el riesgo que en unos años más (menos de una década) el homicidio de Ortiz Franco prescriba legalmente y sea imposible, bajo la normatividad mexicana, el acceso a la justicia y a la verdad”, alertaron SIP y la Alianza de Medios Mx.
Los reveladores reportajes
En el primer artículo exhibió la corrupción en las autoridades penitenciarias y de la policía estatal, y explicaba las razones del asesinato del entonces subprocurador Rodolfo Delgado Neri, quien se había negado a corromperse.
En el segundo reportaje revelaba, con fotografías incluidas, cómo una célula de narcotraficantes había comprado credenciales para hacerse pasar por miembros de la policía ministerial en el estado de Baja California.
Detallaba cómo se tomaron las fotografías y cómo los narcotraficantes, buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estado Unidos de América, recibieron las credenciales.
