La ponderación de una tarifa social sobre una tarifa técnica en el transporte público ha impedido transitar hacia la renovación de unidades menos contaminantes y con mayor capacidad, por lo que es prioritario incluir este tema en la Ley General de Movilidad, aseguró Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).
Durante su participación en un encuentro entre especialistas del sector para analizar el tema de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, el titular de la AMTM explicó que es necesario pensar en esquemas que permitan el subsidio para el pasajero, a partir de características que den transparencia, ya que en la actualidad las tarifas que se aplican en las diversas zonas del país son muy diversas y no garantizan la calidad del servicio.
Podemos verlo en la zona limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México (CDMX), dijo, en el estado la tarifa es de 12 pesos y en la capital del país es de seis pesos, lo que impone una condición muy castigada para el operador, quien corre el riesgo de la inversión en el transporte público, lo que ha generado las consecuencias señaladas.
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Agregó que el tema de la tarifa depende de un acto de voluntad política y no de circunstancias técnicas para la operación, por lo que “es un tema que tenemos que abordar en la Ley General de Movilidad de una u otra manera”.
El presidente de la AMTM explicó que en la actualidad únicamente cinco municipios tienen incidencia en el tema de movilidad, los demás los regula el gobierno estatal, por lo que “tenemos 32 estados con 32 marcos normativos y 32 conceptos distintos de movilidad, entonces es una tarea muy ambiciosa por parte de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad hacer esta ley pienso que es importante el ejercicio, pero tendrá que salir y ser perfeccionada con el transcurso del tiempo y con la participación de los especialistas en el tema”.
En el mismo contexto, señaló que a nivel nacional se realizan diariamente unos 103 millones de viajes, de los cuales cerca del 50% se efectúa en transporte público, que es el más rezagado, situación que también deberá ser prevista en la legislación.
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Organizado por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), el encuentro convocó a especialistas como Angélica Vega, directora de Asuntos Públicos y Comunicación del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés); Leonardo Gómez, director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), así como Miguel Elizalde, presidente Ejecutivo de la ANPACT.
