La decisión de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno para asignarle a los proyectos de infraestructura de su gobierno el carácter de seguridad nacional e interés público generó una reacción por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), debido a que es un intento claro de reservar todos los datos y contratos correspondientes a obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería Dos Bocas o el Tren Maya.
El acuerdo publicado la noche de este martes en el Diario Oficial de la Federación para blindar los megaproyectos de la 4T será revisado por el INAI en su calidad de órgano garante de la transparencia y definirá las acciones legales para contrarrestar su inviabilidad.
“Las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del Acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”, se lee en el documento del organismo autónomo.
En cuanto al término legal “de seguridad nacional”, contenido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, impide a las dependencias gubernamentales o secretarías entregar información bajo tal argumento, es decir, no las obliga, por lo cual ninguna de las grandes obras del gobierno de López Obrador podría ser investigada.
La acción emprendida por AMLO, firmada por todo su gabinete, causó revuelo por la unilateralidad de la medida, mediante la cual se busca eximir a las dependencias de la administración pública de respetar el principio de máxima publicidad y rendición de cuentas.
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Sin embargo, la protección de los megaproyectos de la 4T ya se vislumbraba, pues en una conferencia mañanera el presidente López Obrador había adelantado que se crearía una empresa a cargo de la Marina y el Ejército para protegerlos de futuros gobiernos “neoliberales”.
