Inés Fernández ha recorrido infinidad de veces el trayecto entre su comunidad, Barranca de Tecuani, a Ayutla de los Libres, en Guerrero, un estado del sur de México. Son seis horas de camino a pie o una hora y media en automóvil. Es una de las zonas históricamente más golpeadas por la pobreza y la violencia.
La activista indígena me’phaa tiene 44 años y a partir de 2021 ya no recorre ese trayecto sólo para hacer compras o trámites en Ayutla; ahora lo hace para llegar a un refugio que ella misma ayudó a construir: La “Casa de los Saberes” (Gúwa Kúma, en lengua me’phaa), un lugar que se inauguró a finales de septiembre para atender a mujeres víctimas de violencia, incluida sexual, como la que sufrió Inés.
El 22 de marzo de 2002, cuando tenía 25 años, Inés fue víctima de abuso sexual a manos del efectivos del Ejército mexicano. Al denunciar, asegura, se enfrentó a la discriminación por ser mujer e indígena y a la ineficiencia de las autoridades mexicanas. El tiempo pasó y al no obtener la justicia a través de un proceso penal, Inés buscó otras alternativas, lo mismo que se ven obligadas a hacer muchas otras mexicanas, cuyas denuncias por violencia sexual no derivan en una sentencia contra su agresor. Algunas llevan su caso a instancias internacionales o denuncian públicamente, otras se acompañan entre sí durante el proceso de denuncia y algunas más simplemente intentan resignificar lo que vivieron. En la “Casa de los Saberes”, éstas y más opciones están al alcance de quien las necesite.
“Este centro representa una parte de la justicia que he estado esperando por casi 20 años. He tenido que recorrer un camino muy difícil para llegar aquí. En estos años de lucha, viví amenazas y hostigamientos, mi esposo fue amenazado y perdí a mi hermano Lorenzo, lo mataron porque yo exigí justicia”, dice Inés.
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Esta historia fue realizada con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, organismo que ha dado seguimiento al caso de Inés, al acudir al Ministerio Público municipal, un día después de la violación que refiere Inés, las autoridades se negaron a tomar su declaración e iniciar su denuncia. Argumentaron que estaba mintiendo y tuvo que solicitar acompañamiento a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero para poder acudir a la fiscalía estatal. Sin embargo, añade el CDHM, en algún punto del proceso esa comisión perdió las pruebas ginecológicas que se realizan obligatoriamente en este tipo de casos para probar los hechos.
Eventualmente las autoridades civiles transfirieron el caso al fuero militar de la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero. El ejército dice que investigó, pero concluyó que no se había cometido ningún delito y que los nueve militares acusados eran inocentes. El caso fue cerrado.
En 2005, cuando se agotaron los recursos internos en México tras haber apelado en diversas instancias, Inés llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con apoyo del CDHM. De ahí pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que el 30 de agosto de 2010 emitió una sentencia en la que declaró al Estado mexicano culpable de ejercer violencia institucional castrense en su contra.
La CoIDH ordenó al Estado mexicano, entre otras cosas, que todos aquellos casos en los que elementos del Ejército se vean involucrados en violaciones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles, es decir, que sean juzgados como cualquier otra persona y no en un tribunal militar. A raíz de esto, el gobierno restableció el proceso y en 2013 se arrestó a dos de los presuntos agresores de Inés. Años más tarde, según informaron las autoridades, uno de ellos falleció en la prisión del Campo Militar, en las afueras de Ciudad de México, y otro permanece ahí mismo sin ser sentenciado.
El proceso continúa abierto e Inés sigue esperando a que el Estado castigue a quienes hace 19 años la agredieron. “Lo que estoy viviendo hoy es sólo una parte de la justicia que busco. Yo quiero que esta persona pague y sigo esperando a que el gobierno se haga cargo”, dice Inés.
Otra de las medidas de reparación que estableció la CoIDH en su resolución fue la construcción de un centro comunitario para promover los derechos humanos y los de la mujer. Once años después de la sentencia y casi veinte después de la agresión, el Estado concretó la reparación del daño a Inés y así nació la “Casa de los Saberes”
“La creación de este centro es un poco de la justicia que he buscado para mí y para quienes viven situaciones de violencia en nuestras comunidades para que no vivan lo que yo viví, que no tuve un espacio en el que fuera escuchada y en el que encontrara justicia”, expresa Inés. “Esta parte de justicia la encontré yo con la sentencia de la Corte Interamericana porque no se dio por voluntad del gobierno mexicano sino que (el Estado) fue sentenciado a reparar los daños que me ocasionó”.
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LOS IMPACTOS DE LA DENUNCIA EN LAS VÍCTIMAS
La CoIDH ayudó a visibilizar internacionalmente la violencia que Inés sufrió por parte de los militares y de las autoridades mexicanas, pero también evidenció la impunidad que se vive en el fuero civil al momento de denunciar violencia sexual. Testimonios de víctimas de ese tipo de agresiones recopilados por The Associated Press de marzo a octubre de 2021 muestran que la justicia penal en estos casos es revictimizante, es decir, que cuando las mujeres acuden a las dependencias a denunciar, son tratadas como si hubieran provocado el abuso en su contra y las autoridades no actúan para atender adecuadamente sus reclamos.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) de 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de todas las causas para no denunciar, el 61% lo atribuye a la autoridad. Y del total de este porcentaje, un 34% lo considera una pérdida de tiempo, 14% desconfía de la autoridad, 7% cree que los trámites son largos y difíciles, 4% no lo hace por la actitud hostil de los funcionarios y un 1% teme ser extorsionado.
En México, las denuncias que se hacen por violencia sexual son muy pocas. De acuerdo con datos publicados por el INEGI a finales de 2020, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8%). La información se obtiene de tres instrumentos de información clave que genera el INEGI: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.
Según los datos de los censos nacionales de procuración e impartición de justicia realizados por el INEGI de 2014 a 2018, casi 145.000 víctimas de presuntas violaciones y abusos sexuales presentaron una denuncia formal en contra de sus agresores ante una agencia del Ministerio Público. No obstante, sólo cinco de cada 100 de esos casos derivaron en una sentencia. Del resto, una gran parte se quedó en las agencias del MP como indagatorias que “siguen en curso” o fueron archivadas por distintas causas.
Ana Katiria Suárez, penalista defensora de género que en 2013 representó a una joven acusada de homicidio calificado por matar a su violador en defensa propia, considera que lo anterior responde a los estándares de misoginia en los que se basan las investigaciones y a la falta de estructura que existe en México para atender este tipo de casos.
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En México las denuncias por violencia sexual se presentan en la agencia del Ministerio Público más cercana al lugar de los hechos o al domicilio de la persona denunciante y de ahí se le remite a la oficina de la Fiscalía del estado que corresponda. Alrededor del 90% de éstas cuentan con un área especializada en Delitos Sexuales.
Ya sea ahí o en la oficina general, la víctima relata lo sucedido y luego acude con un médico legista para que se le realice una revisión ginecológica. Después un perito debe realizarle una entrevista y pruebas psicológicas, y la persona afectada se entrevista con un miembro de la policía de investigación para que se recopilen datos sobre el tiempo y espacio en el que ocurrió el hecho y sobre el presunto agresor que cometió el delito. Con esa información se integra una carpeta de investigación que la víctima podrá consultar aproximadamente 15 días después. Entonces se le designará a un MP que dará seguimiento a su caso.
Sin embargo, el proceso no es tan sencillo como parece.
“En este país, el primer obstáculo de las víctimas de delitos sexuales es que se enfrentan a la criminalización por parte de quien tendría que brindarles protección. La idiosincrasia de las autoridades gira en torno a cómo la víctima provocó lo que sucedió y a cómo lo pudo haber evitado, cuando en realidad nada justifica la conducta del agresor”, explica Ana Katiria Suárez, que también se especializa en derechos humanos.
La litigante detalla que las personas que vivieron este tipo de violencia muchas veces no denuncian o no concluyen el proceso porque creen que tienen que protegerse incluso de las autoridades ante las que denuncian. “El proceso es muy lascivo. La mayoría de las veces, desde que llegan a la barandilla, ya hay prejuicios culturales en su contra y por lo general se encuentran con la minimización de estas conductas (abusos sexuales)”, destaca la abogada. “‘No fue tan grave’. ‘Hay asuntos más delicados’. ‘Toma tu turno y regresa en seis horas’. ‘No tenemos médico legista’. Es entonces cuando volteamos a ver al aparato organizacional y operativo de las autoridades y nos damos cuenta de que no se tiene la infraestructura para atenderlas”.
Por otro lado, el impacto psicoemocional que provoca en las personas reconocerse como víctimas de violencia sexual es devastador y el presentar una denuncia, en ocasiones, llega a intensificarlo. “En cuanto una persona abre temas como éstos, inmediatamente vienen las preguntas y cuestionamientos hacía la víctima y no necesariamente de personas distantes o de publicaciones de las redes sociales. A veces de parte de personas cercanas”, expresa Valeria Moscoso, psicóloga especialista en atención y trabajo psicosocial.
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“Son como distintas rupturas de corazón una tras otra, distintos duelos uno tras otro. Se dan cuenta de que no hay una capacidad de conectar con las personas en las que confiaban y de que entiendan lo que implica un hecho de violencia sexual”, comenta la experta. “Si eso es difícil, imagínate estar siendo cuestionada constantemente por distintas autoridades y revisitar la situación violenta una y otra vez. Implica un desgaste emocional muy fuerte”.
La especialista explica que estas experiencias llegan a provocar ansiedad, problemas psicosomáticos, depresión, desconexión y momentos de despersonalización que afectan en sus relaciones interpersonales y laborales. “Por eso hay quienes deciden parar o bien compaginar su proceso con otras alternativas que les permitan acceder a la justicia que el estado de cierta forma les niega”, añade la psicóloga.
MÁS ALLÁ DE LA JUSTICIA PENAL
Han pasado más de 15 años desde que Claudia Hernández, licenciada en Ciencias Políticas de 39 años, fue arrestada durante una manifestación en el centro de México mientras, como parte de su tesis profesional, documentaba la protesta.
El 3 y 4 de mayo de 2006, por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, quien sería presidente del país entre 2012 y 2018, se realizó un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, que rodea la capital del país. El objetivo era acabar con una protesta enarbolada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), movimiento que se oponía a la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona. El saldo del operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales del país fue de dos muertos, más de 200 detenidos y decenas de denuncias por detenciones arbitrarias, abusos, tortura y tortura sexual.
Tras su detención, al igual que a otras 50 mujeres, Claudia relata que se le trasladó a un penal para procesarla por los delitos de ataques a las vías de comunicación, terrorismo y asociación delictuosa. Los cargos por los últimos dos delitos se retiraron, pero el primero se mantuvo y aunque se le permitió salir un mes después del arresto, se le sometió a un proceso penal que duró cinco años. En 2011 se determinó que era inocente. La entonces estudiante cuenta que, mientras se defendía de dichas acusaciones, ella y otras 21 mujeres denunciaron formalmente que en su traslado al penal sufrieron abusos y violaciones sexuales por parte de la policía cuando fueron trasladadas.
Al igual que Inés, al agotar todas las instancias judiciales en el país, en 2008 Claudia y otras diez mujeres llevaron su caso a la CIDH. En 2018, la CoIDH condenó a México por no investigar, juzgar ni sancionar a todos los responsables del operativo policial tanto a nivel material como intelectual. Es decir, no sólo a los policías, sino también a la cadena de mando y a los funcionarios públicos que participaron en la planeación del operativo. Sin embargo, a tres años de esa determinación de la CoIDH, la investigación continúa estancada. Se han procesado a decenas de policías y médicos legistas, pero ningún funcionario público ha sido vinculado a proceso y hasta la fecha no hay sentencias condenatorias.
Melissa Zamora es co-coordinadora del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organismo que representa a Claudia y a sus compañeras. Ella explica que elevar las denuncias de las mujeres a instancias internacionales o de derechos humanos porque el Estado no les responde es un tipo de justicia que se deriva del agotamiento de recursos. “Se busca cuando ya no hubo ninguna otra alternativa o cuando si bien seguían encaminados o seguían abiertos ciertos procesos ya se habían vencido los plazos razonables para que determinada investigación se llevara a cabo”, asegura la abogada.
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Sobre la sentencia que emitió la CoIDH por su caso, Claudia asegura haberse sentido liberada aunque al paso del tiempo se dio cuenta de que la condena seguiría pendiente. “Dije: ‘Ya acabó, vamos a obtener justicia. Lo logramos, avanzamos, pero no. Es increíble ver la falta de coordinación administrativa e interinstitucional (del gobierno), la falta de compromiso por cumplir sus competencias y sus atribuciones”, expresa. “Ha sido difícil, pero tenemos la sentencia de la Corte que nos avala y aunque va a ser una lucha muy larga, no vamos a dejar de insistir hasta que se cumpla”.
En paralelo al proceso penal, en 2014 las mujeres de Atenco lanzaron una campaña llamada “Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual” que busca visibilizar esta práctica, promover la denuncia y generar solidaridad con otras sobrevivientes. Desde el punto de vista de Claudia, crear lazos como éste con otras sobrevivientes ayuda a los procesos de sanación de cada una y muchas veces el apoyo y acompañamiento que se gesta es clave para poder acceder a la justicia.
“Cuando a mí me pasó, tuve que enfrentar a mi familia y explicarles que había sido violada y que no había sido mi culpa. Te tienes que enfrentar a ellos, al Estado y demostrar que fuiste víctima de violación”, explica. “Quien me empujó a salir adelante fueron en un principio mis amigas y después ahí estuvieron los colectivos y las organizaciones, esperándonos con los brazos abiertos. Tener la compañía de esa gente que te hace entender que tú no eres culpable de nada te permite seguir luchando”.
Edith Escareño, psicóloga especializada en violencia de género y violaciones a derechos humanos, opina que este tipo acompañamientos se han convertido en otra alternativa a la justicia penal para las víctimas de violencia sexual. “El sistema, así como está, a las mujeres no nos están sirviendo. Por eso se crean estas otras formas de justicia que buscan resignificar sus experiencias con quien sí escucha y entiende y acompañar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Es apabullante porque cuando el sistema falla y no se castiga la violencia como tal, hay un contrapunteo de resistencia”, explica la experta. “La colectividad les ayuda a no vivir el proceso solas y a tomar fuerza para exigir que se respeten sus derechos”.
Para las 11 mujeres de Atenco, la justicia se alcanzará cuando el Estado sancione a todos los implicados en el operativo de 2006, cuando se concrete la creación de un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de la entonces Policía Federal (PF) —hoy Guardia Nacional— y cuando se garantice la no repetición de este tipo de crímenes. “No queremos que ninguna otra mujer pase por lo que nosotras pasamos porque te rompe la vida definitivamente y ninguna mujer tiene que ser violentada a tal extremo”, recalca Claudia.
JUSTICIA INSTITUCIONAL Y DENUNCIA PÚBLICA
Amy Lira, de 29 años, lo tiene claro: “Ninguna mujer que haya sido víctima de violencia sexual tendría que vivir un proceso de denuncia tan revictimizante como el que se vive en México”. Y lo dice por experiencia propia.
En junio de 2016, la actriz y activista decidió denunciar penalmente por abuso sexual a un director de teatro y profesor mexicano que laboraba en distintas universidades del país. Amy relata que nunca imaginó que además de asimilar la agresión que vivió tendría que enfrentar la “ineptitud” y “la nula perspectiva de género” del sistema de justicia mexicano.
“Desde el momento en el que llegas (al Ministerio Público) te enfrentas a los juicios de todos los funcionarios que te atienden. Desde el MP, hasta los médicos legistas, los auxiliares, los peritos y hasta de los propios abogados”, relata Amy. “Las evaluaciones médicas son terribles y para realizarlas llegas a esperar horas. Redactan las denuncias como quieren, entonces además de estar reviviendo tu experiencia a cada momento, tienes que cerciorarte de que en realidad están escribiendo lo que tú estás diciendo”.
Amy se enfrentó a ese sistema durante tres años. Se presentaba en el MP constantemente para revisar la carpeta de su investigación, pero nada cambiaba. A veces le llegaban a su casa citatorios para acudir al MP aunque ya habían vencido y acudía ante las autoridades a reportar la situación, pero meses más tarde volvía a suceder. Eventualmente optó por no darle continuidad a la denuncia. “Decidí no seguir después de la última queja de inconformidad que metí en junio del 2019 por la revictimización que viví”, afirma.
No obstante, dejar de lado la vía penal no evitó que Amy continuara buscando justicia. Desde finales de 2017, comenzó a colaborar con Casa Mandarina, organización no gubernamental creada hace 21 años para erradicar la violencia sexual y con su ayuda realizó denuncias públicas e institucionales contra el profesor agresor, quien además acumulaba denuncias por parte de otras estudiantes y actrices. “Abarcamos todos los lugares en donde este señor estaba relacionado institucionalmente. Le habían ofrecido un puesto en Tlalnepantla (Estado de México) con el gobierno de ese entonces. Casa Mandarina presentó un escrito como denuncia institucional informando de la situación y ya no le dieron ese trabajo”, cuenta Amy.
“Lo denunciamos frente a la Sociedad General de Escritores de México (Sogem). Nos pusieron muchísimos peros, pero logramos que no le renovaran el contrato de arrendamiento del Teatro Coyoacán. Y pues enviamos la denuncia a las universidades en las que había trabajado pero ahí sólo nos comunicaron que ya no laboraba ahí”, añade. Paralelamente, la activista realizó una denuncia pública que propició que su agresor ya no hiciera producciones teatrales, pues siempre convocaba a personas jóvenes. “Yo lo que creo es que la denuncia penal ayudó a dar un sustento, absurdo, pero había una denuncia en trámite y eso presionó muchísimo a las instituciones porque siempre preguntaban si ésta existía”, detalla.
Amy también optó por acompañar a otras sobrevivientes de violencia sexual. En 2019 se convirtió en la directora de acompañamiento de Casa Mandarina, pues está convencida de que los procesos de sanación no deben transitarse en soledad y de que la vía penal no es la única opción para obtener justicia. “Nuestra recomendación siempre es denunciar para generar un antecedente (penal) y porque tiene mucho que ver con el recuperar la voz, pero no todas quieren eso y hay que respetarlo”, explica. “Hay alternativas como las denuncias institucionales, académicas o las denuncias públicas o masivas que circulan sobre todo en redes sociales”.
Movimientos como el #MeToo y #Yosítecreo que surgieron en 2017 y 2018 para denunciar agresiones y acosos sexuales son para Amy ejemplos de que la denuncia pública funciona. “Lo que pudimos observar es que hay muchísimas sobrevivientes que quieren denunciar a sus agresores y lo hacen buscando justicia social, pero también para generar una advertencia y un antecedente, pues en muchas ocasiones a través del sistema judicial eso no sucede y es importante prevenir a la sociedad de un delito que puede repetirse”, asegura.
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UN PANORAMA DIFUSO EN MÉXICO
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a julio de 2021, en México se han denunciado 151.264 delitos en contra de la libertad y seguridad sexual.
La AP buscó en reiteradas ocasiones a la Fiscalía de Delitos Sexuales y a la Fiscalía Especializada de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA) solicitando su opinión sobre la alta incidencia de estos delitos, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, el gobierno ha admitido anteriormente que en denuncias de violencia sexual predomina la impunidad.
En su diagnóstico sobre la atención por violencia sexual de 2016, la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) señala que “existen niveles importantes de impunidad de los delitos de carácter sexual, resultado de diversas causas, entre las que se encuentran la cultura que culpabiliza a las víctimas (…) la desconfianza de las víctimas hacia los(as) operadores del sistema de justicia penal, la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, el maltrato de algunas autoridades a las víctimas y, otra vez, el desconocimiento de los(as) operadores(as) del sistema de justicia penal que, se limitan a la aplicación de una marco jurídico local —con frecuencia carente de enfoques psicosocial, de género, diferencial y especializado, así como de derechos humanos—”.
La ENVIPE de 2020 realizada por INEGI reveló que en 2019, la cifra de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en carpeta de investigación ascendió a 92.4% a nivel nacional. Considerando que, según la ENVIPE, en promedio sólo el 2% de los casos de violencia sexual se denuncian, es difícil saber exactamente cuántas mujeres han experimentado este tipo de agresiones, cuántas requieren apoyo y cuántas siguen en búsqueda de justicia, aunque ésta no sea penal.
Inés es firme: para todas las mujeres que viven situaciones de violencia sexual denunciar y no quedarse calladas es primordial. “Se necesita de mucha fuerza para exigir justicia pero hay que hacerlo, de la manera que sea. (Las sobrevivientes de violencia sexual) vivimos situaciones muy difíciles todos los días, por eso la justicia que busco no es sólo para mí, es para ellas, es para todas”.
Claudia, por su parte, cree que el proceso de cada sobreviviente es distinto y que las formas de sanar y obtener justicia también lo son. “Algunas están en procesos de sanación, otras de lucha y otras no quieren salir del cascarón y las entiendo. No están solas. Hablar de lo que pasó ayuda mucho porque demuestras que esto existe y que el Estado mexicano no está haciendo nada para solucionarlo”. Tras una breve pausa, Claudia respira y sonríe: “Nunca vuelves a ser la misma, pero te reconstruyes a partir de lo que tienes”.
