Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) ya fue erradicada la corrupción institucionalizada y tolerada desde los altos niveles.
Al rendir su tercer informe de labores, el ministro Zaldívar aseguró que las redes clientelares y de intercambio de favores que existían en juzgados y tribunales federales ya fueron desarticuladas.
“Los trapos sucios no se lavan en casa, las instituciones no se protegen con el silencio y la defensa a ultranza del status quo. La única manera de superar los problemas es la autocrítica, reconocer nuestros problemas es un deber de justicia para quienes han padecido la corrupción, pero también para la gran mayoría de servidores públicos honestos y honorables, evidenciar la corrupción, perseguirla y prevenirla, lejos de debilitarnos nos fortalece y reafirma nuestra legitimidad.
“Hemos perseguido y sancionado la corrupción en todas sus formas y a todos los niveles. Hemos roto las estructuras de poder con las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad al interior del Poder Judicial, hemos desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores; asimismo, hemos adoptado medidas preventivas que permitan detectar irregularidades y hemos impuesto sanciones ejemplares en casos de acoso y hostigamiento sexual, nepotismo e inconsistencias de evolución patrimonial”, añadió ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Afirmó que en el PJF ha habido un cambio de comportamiento que ya no cobija los esquemas de corrupción que operaban anteriormente.
“Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba, los casos que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de maquinarias de corrupción que operaban desde dentro.
“Se ha generado un cambio de comportamiento porque ya no existen cúpulas que cobijen los esquemas de corrupción. No existen cotos que gocen de la protección o del silencio institucional”.
Aplicación de sanciones
De acuerdo con el informe de labores, público en la página de la Corte, en 2021 fueron impuestas 55 sanciones por responsabilidades administrativas a integrantes del PJF:
- 3 magistradas
- 8 magistrados
- una juez
- 14 jueces de Distrito
- secretarios de tribunal
- 3 secretarias
- 4 secretarios de juzgado
- 1 secretaria encargada de despacho en funciones de juez
- 4 actuarios
- 1 actuaria judicial
- 1 oficial administrativa
- 4 oficiales administrativos
- 7 oficiales de servicios y mantenimiento
- 1 auxiliar de servicios generales.
Una de estas sanciones fue la destitución de un juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio por hostigamiento sexual.
Además, una secretaria de juzgado en funciones de juez por actos de nepotismo, quien también fue inhabilitada por un año luego de comprobarse que durante su desempeño otorgó indebidamente dos nombramientos provisionales de secretaria a su hija, quien ocupaba el cargo de oficial en el mismo juzgado.
También fue destituido e inhabilitado por 15 años un magistrado de Circuito, por incurrir en diversas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales de 2014, 2015 y 2016 al no reportar ganancias por seis millones de pesos derivadas de diversas operaciones financieras.
En materia penal fueron judicializadas cuatro carpetas de investigación seguidas contra dos actuarios judiciales, un ex chofer de funcionario público y un ex oficial administrativo.
“Se dictó auto de apertura a juicio contra un Magistrado de Circuito por irregularidades no aclaradas en sus movimientos financieros e inconsistencias en su evolución patrimonial, lo que se suma a una indagatoria que se encuentra judicializada y a las seis carpetas de investigación en trámite a cargo de la presente administración”, señala el documento.
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“Con motivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, se sancionó a 182 servidoras y servidores públicos, imponiéndoles las siguientes sanciones: 80 apercibimientos privados, cuatro amonestaciones privadas, 80 amonestaciones públicas, 12 suspensiones, seis inhabilitaciones y tres sanciones económicas.
Asimismo, se resolvieron 70 procedimientos disciplinarios por la Comisión de Disciplina del Consejo. En la Suprema Corte, derivado de los procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por el Pleno o por el Ministro Presidente, se impusieron 13 sanciones: siete amonestaciones públicas, dos amonestaciones privadas y cuatro apercibimientos públicos”, destaca el informe.
