Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, dijeron el miércoles que están revisando “millones de documentos” que les han entregado fiscales en Nueva York en los que no aparece el nombre de su cliente o alguna conexión con el narcotráfico y que por lo tanto van a necesitar más asistencia del gobierno estadounidense para clarificar las pruebas que se entregan.
El abogado César de Castro dijo además durante una audiencia en la corte federal de Brooklyn que García Luna fue alguien muy importante en México que se reunía con altos funcionarios estadounidenses a menudo, incluidos de la CIA y el FBI, y que por lo tanto quiere tener acceso a reportes sobre esas reuniones e informes “que serán material central para nuestra defensa”.
En el juicio a García Luna, que en principio arrancará el 24 de octubre de 2022, el jurado decidirá si el mexicano es culpable o inocente de narcotráfico por supuestamente haber recibido millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa mientras era funcionario público para permitir que la organización criminal operara sin interferencias.
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García Luna fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. El exsecretario, que el miércoles apareció en la corte vestido en uniforme de preso de color beige y con el cabello muy corto y blanco, se ha declarado inocente.
En la audiencia del miércoles De Castro expresó su intención de pedir a la fiscalía una especificación de cargos, es decir, una explicación concisa de las acusaciones que hace fiscalía y respuestas específicas a las preguntas de los abogados.
“La defensa tiene derecho a pedir asistencia”, dijo el juez Brian Cogan. “Parece que están buscando un puerto en un océano”.
De Castro dijo también que el gobierno de México presentó recientemente en Florida una demanda por presunto lavado de dinero contra García Luna, lo que representará más trabajo. Con la acción judicial, las autoridades mexicanas buscan recuperar unos 250 millones de dólares que habrían robado García Luna y varios socios y familiares, aseguran.
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“Este caso cambia continuamente para nosotros,” dijo De Castro.
Por otro lado, en la audiencia se discutió el proceso para lidiar con todas las pruebas que incluyen información confidencial. Esas pruebas debe ser sometidas a un proceso judicial paralelo en el que se decide cuáles podrán ser incluidas en un juicio y cuáles no. El juez Cogan accedió a la petición de los fiscales de entregar las pruebas confidenciales que sean aprobadas en un plazo de cinco meses. Después de eso, la fiscalía, abogados y el juez se reunirán para discutirlas.
La fiscalía asegura que los pagos que García Luna recibía por parte del Cartel de Sinaloa eran hechos por líderes del cártel, entre ellos, Ismael “El Mayo” Zambada, quien no ha sido arrestado, y Jesús “El Rey” Zambada, quien sí fue arrestado y testificó en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, un exlíder del cártel.
Según los fiscales, García Luna ordenaba a miembros de la policía federal mexicana que protegieran las rutas que usaba el cártel y aportaba personal de seguridad para los altos cargos de la organización delictiva.
También entregó al cártel información sobre investigaciones que hacía la policía.
García Luna dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en Estados Unidos en 2019. Enfrenta cargos de conspiración para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar cocaína y mentir a las autoridades.
