La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer la consulta de revocación de mandato.
Esta suspensión obliga al INE a no ejecutar el acuerdo por el que se aplazaba la consulta y que ha causado una batalla política.
La comisión presidida por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat notificó al INE, a la Fiscalía General de la República (FGR), a las Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.
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La realización de la consulta desató una batalla política y legal que mantiene el gobierno y el INE, en la que ya incluso se interpusieron demandas judiciales contra los consejeros.
Este domingo los consejeros del INE rechazaron la denuncia penal que se presentó la semana pasada en la FGR por parte del presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, por apoyar el aplazamiento de las actividades del referendo, y advirtieron que estaban en contra de “toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”.
Gutiérrez Luna presentó el 23 de diciembre una acción contra seis de los once consejeros del INE, entre los que se incluye el presidente del organismo Lorenzo Córdova, por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos por el que podrían ser castigados hasta con siete años de prisión.
