Es necesario que se conozca la crisis por la que atraviesa el transporte público en todo el país, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Nicolás Rosales Pallares.
El titular de la AMTM explicó que las autoridades locales de varios estados están claras en que no pueden solas por temas de presupuesto” y aclaró que muchos de ellos “invierten cero pesos en la movilidad”.
En reunión con representantes de estados como Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, entre otros, Fernando Páez, representante del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), precisó que existe la necesidad de elaborar un oficio para sensibilizar a las autoridades correspondientes.
Esto, dijo, que toda vez que no hay recuperación en el número de usuarios, no hay financiamiento para mejorar o cambiar las unidades para hacer que vuelvan, ni hay eco de esta problemática que permea a toda la nación.
Los representantes del sector señalaron que en algunos estados, la baja de aforo los ha obligado a dejar de operar en la periferia de diversas ciudades, donde generalmente habita la población más vulnerable.
Explicaron que las autoridades de algunos estados han optado por cambiar la contratación hacia kilómetros recorridos, en lugar de pasajeros transportados, lo que les libera del riesgo de la demanda, pero eso se convierte en un sistema de subsidio que, en ciudades como Bogotá y Londres llega a ser de hasta el 50%.
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Agregaron que, en materia de financiamiento, los bancos restringen el acceso a los créditos según las condiciones de cada solicitante, por lo que es necesario un intermediario que les abra el acceso a recursos, en un esquema donde los usuarios migran hacia otros medios de transporte privado por temor a contagios.
Por ello, afirmaron que es necesario apuntar que a nivel nacional cerca de 56 millones de personas siguen utilizando el transporte público como principal medio de traslado, y 87.76% del transporte concesionado sigue ofreciendo un servicio público.
El cual es operado por cerca de 800 mil personas concesionarias que requieren una mejora en sus condiciones, para favorecer el servicio a sus usuarios.
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