Los casos de hackeo de celulares no cesan. El desconocimiento de medidas de seguridad y olas de ataques cibernéticos abrieron una brecha que han aprovechado grupos de delincuentes que operan desde las cárceles mexicanas para extorsionar a empresarios, funcionarios e incluso jueces.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, las campañas para infectar dispositivos móviles y obtener información confidencial arreciaron en las últimas semanas.
Los objetivos que han denunciado el hackeo de celulares van desde empresarios en la Ciudad de México, hasta servidores públicos de rango medio y alto, e incluso jueces y personal de seguridad.
Incluso, autoridades del gobierno federal han detectado mafias que operan desde distintas oficinas a nivel nacional para lanzar una serie de ataques a perfiles previamente estudiados y así obtener información privada como número de tarjetas de crédito, cuentas bancarias y contactos familiares.
En 2021, varios funcionarios públicos denunciaron que sus números de WhatsApp o teléfonos celulares les fueron hackeados, por lo que alertaron a sus contactos para evitar caer en algún fraude.
Una de las denuncias más sonadas fue de Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación; quien en su cuenta de Twitter advirtió que desde una cuenta falsa de WhatsApp solicitaron préstamos de dinero a su nombre.
Alertan modus
Al respecto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó de sitios web que venden paquetes de datos personales, con lo que atentan contra la privacidad, intimidad y seguridad de la ciudadanía.
Por la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza 55 5533 5533, el organismo recibió reportes de personas cuya información, como nombre, teléfono, dirección, grado de estudios e incluso las placas de sus vehículos o números de tarjetas de crédito, es ofrecida en venta sin su autorización.
Entre los sitios web mencionados por presuntamente comercializar esos datos están auxiliarjuridico.com, dateas.com y buholegal.com.
Los reportes indican que los sitios web dicen contar con datos como la CURP, RFC, registros de vehículos, inmuebles, juicios, antecedentes penales o listas negras del SAT.
La información es proporcionada por consultas unitarias o suscripciones por número de accesos, ilimitadas o anuales, en costos que van desde los 259 pesos hasta los 105 mil pesos.
El artículo 16 constitucional, en su segundo párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, y a manifestar su oposición.
Estos son conocidos como derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
Denuncia:
- El Consejo Ciudadano acudió a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia formal contra las empresas que venden datos personales por internet y que ponen en riesgo a cualquier ciudadano en un acto fuera de la ley.
