Las víctimas del delito de corrupción de menores pasaron de dos mil 664, en 2020, a dos mil 851, en 2021 –187 más–. Este es el tercer incremento anual consecutivo del registro, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo cual nunca había sucedido.
El primer aumento fue en 2019, cuando de dos mil 44 niños y adolescentes victimados, en 2018, se llegó a dos mil 463 –419 más–. Al año siguiente, por segunda vez, la cifra creció en 201 casos.
En el Artículo 201 del Código Penal Federal se establece que “comete el delito de corrupción de menores el que induzca, procure, facilite u obligue a un menor de 18 años de edad, o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos”.
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Las estadísticas del ilícito comenzaron en 2015, luego de la implementación de la nueva metodología para el registro de incidencia delictiva del SESNSP. En ese año se matricularon dos mil 256 víctimas; para 2016 disminuyó la cantidad a dos mil 131, y en 2017 hubo una pequeña elevación: se enlistaron dos mil 169 violentados.
Al respecto, la senadora Margarita Valdez Martínez, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, señaló que la causa principal de dicho incremento es una combinación de la decadencia, consumismo y materialismo de la sociedad mexicana con los altos índices de pobreza y marginación.
Esto, agregó la legisladora morenista, da un “caldo de cultivo” propicio para que los niños y adolescentes sean víctimas de quienes fueron corrompidos o maltratados en su infancia.
“Es increíble, o sea, no se cree que en tan poco tiempo hayan subido tanto las denuncias, porque cuántos casos tendremos que no han sido denunciados sobre corrupción de menores”, dijo a Publimetro Margarita Valdez.
Los estados con el mayor número histórico de víctimas de corrupción de menores son Baja California (tres mil 98), Guanajuato (mil 582), Ciudad de México (mil 553), Nuevo León (mil 297) y Jalisco (mil 198). Por el contrario, Yucatán (97), Guerrero (60), Campeche (53), Querétaro (tres) y Tlaxcala (cero) son los de menor cantidad.
También en las denuncias de este crimen se dio un aumento inédito de tres años consecutivos: en 2018 se enlistaron mil 848; en 2019 subieron a dos mil 185; para 2020 el registro ascendió a dos mil 443; y en 2021 se matricularon dos mil 603, de acuerdo con información del SESNSP.
Las autoridades responsables de detener el delito de corrupción de menores son las fiscalías y las policías, apuntó la senadora, sin embargo, no lo hacen por diversos factores, por ejemplo, falta de personal, escaso presupuesto u omisión de las denuncias.
“Definitivamente, la infancia representa nuestro futuro, y no nada más como sociedad, sino como especie. Y si no la cuidamos, no la protegemos, pues, como dice la canción, quién sabe a dónde iremos a parar”, aseveró Valdez Martínez.
Mujeres, las más vulneradas
Entre 2015 y 2021 se acumularon 19 mil 91 mujeres víctimas del delito de corrupción de menores; mientras, en el mismo periodo sólo se sumaron siete mil 487 hombres victimados.
Las profundas desigualdades que vivían las mujeres –y viven todavía– están en el trasfondo de por qué las niñas y las adolescentes son en mayor medida víctimas de este crimen, explicó en entrevista Tania Ramírez, directora ejecutiva de la asociación Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Asimismo, abundó la especialista en derechos de la niñez, este delito tiene una marca de diferencia de género porque hoy por hoy los juicios, los estereotipos e incluso los estigmas asociados a las féminas perpetúan la noción de que son más vulnerables o más débiles.
“Este delito tiene una afectación diferenciada por género y se afecta mayoritariamente a las niñas y a las adolescentes, y este también ha sido un incremento en los últimos tres años”, enfatizó Tania Ramírez.
