Las agresiones y asesinatos a periodistas en México han marcado el inicio del año 2022. En las primeras ocho semanas del año han sido asesinados seis periodistas en el país. Además, en los primeros 39 meses del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (del 1 de diciembre de 2018 al 17 de febrero de 2022) han sido asesinados 30 periodistas, según el más reciente recuento de la organización internacional Artículo 19 capítulo México.
Ante las agresiones y asesinatos, periodistas en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en las conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador, realizaron diversas protestas, exigiendo a las autoridades atención a esta creciente problemática en el país.
En entrevista con Publimetro, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideró que las agresiones contra las y los periodistas no sólo son ataques contra las víctimas directas, sino un ataque contra el derecho de la sociedad a conocer.
“La labor de las y los periodistas es fundamental para garantizar una sociedad democrática y plural”, comenta Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH en México. “El poder acceder a diferentes opiniones, informaciones, análisis y puntos de vista resulta fundamental para que la ciudadanía pueda supervisar a los poderes políticos, económicos y sociales. Por eso la labor de quienes ejercen el periodismo es imprescindible para tomar decisiones, participar en asuntos públicos y ejercer un rol activo en la sociedad. En este sentido, las agresiones contra las y los periodistas no sólo son ataques contra las víctimas directas, sino un ataque contra el derecho de la sociedad a conocer”.
4 PREGUNTAS CON
¿Qué evaluación realiza la ONU sobre la situación de seguridad que viven los periodistas en México? No sólo este año, sino desde el inicio del sexenio actual, comparado con sexenios anteriores. ¿Cuáles son las principales situaciones de riesgo que padece el gremio y qué acciones se implementan para resolverlos?
La situación es muy diversa según las zonas del país. No obstante, podemos destacar que las y los periodistas que enfrentan mayor riesgo en México son quienes cubren temas relacionados con política y la seguridad en el ámbito local, muchas veces lejos de los principales centros de poder del país. Esta no es una situación nueva en México, sino que la violencia contra quienes ejercen el periodismo viene desde hace varios años y se ha agudizado en contextos de mayor violencia a raíz del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico” en 2006. Desde entonces, si bien el número de periodistas asesinados ha variado año con año, México se ha situado, según cifras de diferentes organizaciones, como uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo.
Las y los periodistas enfrentan diversas agresiones, desde amenazas e intimidación, presiones a los medios de comunicación, agresiones físicas y verbales, hasta desapariciones y asesinatos. Si bien estos últimos son los casos más visibles, es importante destacar que muchos de las y los periodistas asesinados en México habían enfrentado agresiones o incidentes previos. Agresiones que en ocasiones habían sido denunciadas ante las autoridades sin ser adecuadamente investigadas. Por eso es importante destacar que los asesinatos y desapariciones de periodistas no suceden en el vacío, sino en un contexto de violencia mucho más amplio.
¿De qué manera impacta el discurso y las críticas de las autoridades sobre el trabajo de la prensa y periodistas que son, a su vez, críticos con su administración? Especialmente en momentos en que podrían darse casos de autoridades revelando información confidencial, en aras del derecho a la información.
Como señaló esta misma semana Elizabeth Throssell, portavoz de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, parte de la actuación de las autoridades debe ser mantener un discurso público de apoyo a la libertad de expresión y evitar denigrar el legítimo trabajo de las personas periodistas. Esto es aplicable a todas las autoridades y de todos los niveles de gobierno.
¿Qué se pone en peligro si continúa la polarización contra los medios de comunicación y si la justicia en los casos de los periodistas asesinados -así como la ayuda a los reporteros en peligro o bajo amenazas- no llega a tiempo?
Una de las mejores medidas de protección es la lucha contra la impunidad. Si un potencial perpetrador cree que puede amenazar, que puede agredir, que puede asesinar a una persona periodista y la probabilidad de una sanción es muy baja, se incentivan las condiciones para que la agresión se concrete. La impunidad que encontramos en la mayoría de los asesinatos y desapariciones de periodistas no es solo una negación de la justicia, es también un aliciente para que las agresiones continúen en el futuro.
¿En México se están haciendo las acciones suficientes para atender los problemas actuales por los que pasa el gremio periodístico? ¿Considera que la situación de derechos humanos y violencia en el país podría complicarse en un futuro cercano?
México tiene numerosos retos. El gobierno mexicano ha reconocido que enfrenta una situación de crisis en varios ámbitos como las desapariciones o las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin lugar a dudas, se han hecho esfuerzos en éstos y en otros ámbitos, al tiempo que la realidad nos muestra que es necesario hacer más. Los esfuerzos para garantizar los derechos humanos no deben ser vistos como una responsabilidad única de una autoridad, sino del conjunto del Estado mexicano.
Es fundamental que las autoridades federales, estatales y municipales, los diferentes poderes y los órganos autónomos cumplan de manera proactiva con sus obligaciones para atender esta situación. Esto implica, por ejemplo, que ninguna autoridad, ningún servidor público, debe ser el perpetrador de una agresión contra periodistas, ni de ningún otro acto violatorio de derechos humanos. La Secretaría de Gobernación ha señalado reiteradamente que la mayoría de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas protegidos por el Mecanismo de Protección provienen de diferentes autoridades. Esto quiere decir que el Estado dedica una parte importante de recursos a proteger a personas frente a perpetradores que usan el poder público. Evitar esto en todos los estados y municipios del país será un paso muy importante para avanzar hacia el pleno respeto a la libertad de expresión en México.
