El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones por cerca de 700 millones de pesos a los partidos políticos nacionales y locales por diversas irregularidades encontradas en los informes ordinarios de ingresos y gastos del año 2020.
La Unidad Técnica de Fiscalización recibió y revisó, de manera integral, 721 informes presentados por 84 sujetos obligados tanto del ámbito federal como local, correspondientes a 10 partidos políticos nacionales y 74 partidos políticos locales, respecto del origen y destino de los recursos, trabajos a partir de los cuales se determinaron las siguientes sanciones
El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que el trabajo de auditoría realizado por el Instituto consistió en la revisión de 15 mil 160 millones 334 mil 295 pesos de ingresos y 12 mil 188 millones 459 mil 363 pesos de gastos.
Externó que entre las conductas más frecuentes se encuentran las transferencias indebidas de recursos, egresos no reportados y egresos no comprobados, que en conjunto representan el 41% de las sanciones.
Jaime Rivera reconoció que, si bien se imponen sanciones en la materia, es claro el esfuerzo de los partidos políticos de cumplir con los informes y reportes en materia de fiscalización.
Lo cierto es que del ejercicio de revisión realizado se puede observar que, en términos generales, los partidos tienen un ánimo de cumplimiento del reporte de sus ingresos y gastos, y hay que señalar una diferencia recurrente entre los distintos partidos: los órganos de dirección nacional tienen un nivel de cumplimiento oportuno y preciso, mayor que los órganos locales de los mismos partidos.
— Aseguró.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que el objetivo de revisar los ingresos y gastos ordinarios de los partidos es transparentar el dinero invertido en la política, más allá de los procesos electorales, en lo cual se ha avanzado considerablemente.
Si se comparan las sanciones propuestas en 2020 con las aplicadas en 2019, se observa que cuatro de los siete partidos políticos nacionales con registro vigente disminuyen sus sanciones en un 56% en promedio, mientras que los partidos políticos locales las disminuyen en un 28 por ciento.
— Dijo.
Transferencias de recursos indebidas del PAN, PT y Morena
Durante el ejercicio de revisión de informes, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó que los partidos políticos de Morena, Acción Nacional y del Trabajo transfirieron recursos de sus comités locales a sus comités nacionales para fines distintos a los permitidos en la norma, transferencias que sólo se permiten cuando se efectúen para el pago de proveedores, pago de servicios o para el pago de impuestos.
Al respecto, la Consejera Adriana Favela explicó que si bien el proyecto propone sancionar a los tres partidos políticos, PAN, PT y Morena, con un 10% del monto involucrado del total de las transferencias que realizaron, además se ordena que los comités ejecutivos nacionales devuelvan los recursos que fueron transferidos a sus entidades, quienes los deberán reintegrar a las respectivas tesorerías o, en su caso, a nuevos fideicomisos inmobiliarios, siempre y cuando estos recursos ya hayan estado en fideicomisos con este fin a nivel central.
Caso Morena
En el caso del partido Morena, la fiscalización arrojó que se realizaron transferencias de los comités estatales al nacional por un monto superior a los mil 200 millones de pesos, de los cuales, 390 millones se destinaron a un fideicomiso para la adquisición de inmuebles a nivel local.
Las consejeras y consejeros electorales determinaron que los recursos del partido destinados a un fideicomiso para la adquisición de bienes inmuebles desde el Comité Ejecutivo de Morena deberán pasar nuevamente a los comités estatales, ya sea con los inmuebles adquiridos o en efectivo.
La Consejera Norma De la Cruz destacó que un fideicomiso es una figura jurídica contemplada como lícita en materia de fiscalización. “El fideicomiso en comento genera la buena práctica de adquirir inmuebles para los sujetos obligados; es decir, adquieren un activo que contribuye a terminar con el pago de arrendamientos de inmuebles, generalmente que son cuantiosos”.
Por ello, añadió, si bien la forma de operación es incorrecta, el origen, monto, destino y aplicación de recursos se conoce, lo cual debe tomar en cuenta la autoridad.
