Este domingo el fusilamiento en Michoacán de 17 personas durante un velorio en la comunidad de San José de Gracia en el municipio de Marcos Castellanos, causó un fuerte impacto en redes sociales, donde se ha comparado con el Caso Ayotzinapa.
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El trasfondo entre ambos casos es diferente, lo que se sabe hasta el momento es que lo ocurrido en Michoacán fue más parecido a un ajuste de cuentan de un cártel, mientras que en la desaparición de 43 normalistas en Iguala hubo una red de corrupción y vínculos con el narco en la que se vieron envueltos militares, policías, alcaldes y hasta al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Sin embargo, la comparación surge porque nuevamente el país es escenario de un acto de violencia al que solemos calificar como ‘de terror’.
Caso Ayotzinapa
En algún momento entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
La desaparición ocurrió después de que policías de Iguala abrieran fuego contra los autobuses en los que los normalistas se dirigían a sabotear un evento en el que se encontraba el alcalde José Luis Abarca; en los ataques murieron nueve personas y otras más, aún sin determinar, fueron heridas.
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Tras conocerse los hechos, todo México se movilizó junto a los padres de los estudiantes para exigir la aparición con vida de los normalistas; al poco tiempo y durante varios meses las protestas se fortalecieron y llegaron a realizarse en todo el mundo bajo el grito de “Nos faltan 43″.
El caso Ayotzinapa fue el más difícil que tuvo que enfrentar la administración de Enrique Peña Nieto, pues en el se destapó la participación de policías y militares, además de presuntos vínculos con el cártel Guerreros Unidos de Abarca y Ángel Aguirre.
Las investigaciones estuvieron plagadas de inconsistencias en las que incluso se acusó a Tomás Zerón, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, de torturar a un detenido para que diera una confesión que respaldara la “verdad histórica”.
Esta “verdad histórica” dada a conocer por el procurador Jesús Murillo Karam aseguraba que los estudiantes fueron privados de su libertad, asesinados e incinerados por sicarios en Cocula, versión que no era compatible con los peritajes internacionales que se realizaron.
Hasta la fecha sigue siendo un misterio cuál fue el destino final de la mayoría de los estudiantes, sin embargo, la actual Fiscalía General de la República reabrió el caso y las investigaciones.
Ejecución en Tlatlaya
Pocos meses antes de lo ocurrido en Guerrero con los normalistas, fue el Estado de México el lugar en donde se vivió otro momento oscuro de las fuerzas armadas de México.
La madrugada del 30 de junio de 2014 elementos del 102º Batallón de Infantería ejecutaron en Tlatlaya a 15 civiles que se encontraban rendidos y desarmados.
Según los militares, esa madrugada encontraron en una bodega a los civiles con armas y drogas, mismos que abrieron fuego en su contra al percatarse de su presencia; sin embargo, la versión de una sobreviviente fue distinta: habrían sido los elementos quienes dispararon primero.
En el enfrentamiento murieron siete personas, pero a decir de las tres mujeres que sobrevivieron, quienes estaban al interior de la bodega se rindieron rápidamente.
Los militares terminaron por poner a los civiles contra la pared y los ejecutaron extraoficialmente, además de que alteraron la escena para que pareciera que todos murieron durante el enfrentamiento.
Masacre en Tanhuato
El asesinato de 42 civiles, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el rancho El Sol en Tanhuato, Michoacán, también es controversial por el actuar fuera de la ley por parte de las fuerzas del orden.
En este caso fue la Policía Federal la que habría ejecutado extraoficialmente a muchos de los cuerpos que fueron hallados en el rancho.
Todo ocurrió el 22 de mayo de 2015 cuando se desató un enfrentamiento entre los presuntos sicarios y la Policía que tras una persecución terminó en el rancho El Sol.
Ahí los agentes solicitaron refuerzos y se enfrentaron por al menos dos horas con los presuntos delincuentes; incluso participó un helicóptero y fueron percutidos más de seis mil casquillos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que algunos de los cuerpos fueron asesinados por la espalda en posición de vulnerabilidad, otros fueron hallados en parcelas, presumiblemente muertos mientras huían.
Asimismo se determinó que otros presentaban tiro de gracia, es decir, ejecutados después de haberse rendido, y se encontraron indicios de que evidencias y la zona de la masacre habían sido alteradas.
La CNDH aseguró que con las pruebas obtenidas en el rancho, la Policía Federal hizo “uso excesivo de la fuerza, manipuló evidencia y trató de manera indigna a algunos de los cadáveres”.
Masacre de los LeBarón
El 4 de noviembre de 2019 fueron asesinados a sangre fría nueve integrantes de la familia LeBarón, tres adultos y seis niños, mientras se desplazaban en dos vehículos de Chihuahua a Sonora.
Se trata de una familia mexicana-estadounidense que tiene una tradición de varias décadas en el país y con influencia, sin embargo, las versiones oficiales determinaron que sicarios atacaron al convoy de los LeBarón al confundirlos con miembros de un grupo delictivo rival que disputaban la zona.
El activista Julián LeBarón dio a conocer sobre el ataque momentos después de enterarse, que aseguraba que además de las víctimas mortales había varios niños desaparecidos cuando huyeron del tiroteo.
El crimen conmocionó al país debido a la brutalidad con la que tres mujeres y seis niños fueron asesinados, lo que también causó movilizaciones en México y EU; además de que volvió a poner en tela de juicio posibles nexos de autoridades con el narco
