De las 183 Áreas Naturales Protegidas (ANP) existentes en el país, el Nevado de Toluca –ubicado en el Estado de México– es la que tiene más denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General de la República: 170 entre 2000 y 2021, según información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Las carpetas de investigación abiertas en esta ANP son por los delitos de tala (123), cambio de uso de suelo (25), sobreexplotación de los recursos (11), incendio (10) y lavado de madera (1).
En el mismo lapso, la segunda ANP con mayor número de denuncias penales es la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa –en Hidalgo–, la cual registra 100. Aquí, los crímenes denunciados son derribo y aprovechamiento de arbolado (49), transporte de materias primas forestales (48), almacenamiento y transformación forestal (2) y cambio de uso de suelo (1).
Cuando un Área Natural Protegida está cercana a la población sus probabilidades de sufrir degradación son altas, por ende, también la posibilidad de imputaciones ante las autoridades correspondientes, explicó en entrevista José Morales, miembro de la organización Iniciativa Climática de México (ICM).
Por su proximidad con los asentamientos humanos, el Nevado de Toluca cuenta con características que facilitan tanto la comisión de delitos como la realización de denuncias, abundó el biólogo. Sin embargo, el ser el ANP con más carpetas de investigación abiertas no significa que es la zona de mayor degradación.
En las ANP de difícil acceso o ubicadas en comunidades sin medios de comunicación (como teléfonos e Internet), agregó el ambientalista, no se interponen tantas denuncias, pero sí existe mucho deterioro.
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“Sí hay cifra negra. Yo tomaría lo de las denuncias como un indicador de participación de la ciudadanía más que como un indicador de degradación ambiental del Área Natural Protegida”, señaló José Morales.
EdoMex, la entidad con más denuncias
La Profepa ha efectuado 943 denuncias penales por delitos cometidos en las ANP de 2000 a 2021, el 64.8% de estas fueron por crímenes ocurridos en el Estado de México (611). La segunda entidad con más carpetas de investigación abiertas es Hidalgo (139), la tercera Chiapas (69).
Después del Nevado de Toluca y de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, las Áreas Naturales Protegidas con más imputaciones ante la Fiscalía General de la República son las Ciénegas del Lerma (82), La Marquesa (64) y el Parque Nacional Bosencheve (61), todas pertenecientes a la región mexiquense.
Las ANP tienen alto valor en biodiversidad, no obstante, permanentemente son invadidas por el desarrollo turístico, urbano e incluso minero, aseveró a Publimetro Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente.
A pesar de ello, indicó el especialista, no hay inversión gubernamental para atender la problemática, además, la Profepa –ente encargado de recibir las denuncias ambientales– no tiene la capacidad presupuestal ni de personal para realizar sus funciones de forma eficiente.
“Todo eso se da porque el gobierno no invierte lo necesario en ese rubro. Que es un rubro muy importante y necesitamos dinero para eso. No hay de otra, no podemos poner un millón de soldados armados para cuidarlas”, apuntó Álvarez Flores.
Para evitar los delitos y la degradación en las Áreas Naturales Protegidas, dijo, se deben regular las actividades en éstas. También hay que implementar un modelo de conservación en el cual participen tanto las autoridades locales como las estatales.
Autoridades sin facultades
José Morales trabajó en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) como gerente operativo en la dirección de la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla –Tabasco–. Al cumplir su labor se encontró con una limitante: la incapacidad de detener la comisión de delitos.
“Aunque vean a una persona talando (los trabajadores de Conanp), no les pueden quitar nada ni los pueden detener. Lo que debe hacer un personal de la Conanp es poner su denuncia en la Profepa y avisar a la policía estatal, a la federal, al Ministerio Público y, a veces, hasta al ejército para pararlos”, señaló.
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Otro factor que abona a los procesos de degradación en las ANP es la escasa plantilla de las autoridades ambientales. Pantanos de Centla abarca 302 mil 706 hectáreas, no obstante, cuando el biólogo de ICM era empleado de la Conanp sólo había siete operativos para toda la zona.
“Todos los proyectos que se tengan como manejadores de Áreas Naturales Protegidas no se harán si no hay recurso. Ese es un papel importante que necesitamos poner en alto y en rojo. No hay suficiente personal para atender las denuncias y no hay el suficiente personal para atender las ANP desde la administración de la Conanp”, concluyó José Morales.
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