La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se subió al ring en el enfrentamiento que diversos personajes de la música, actuación y protección del ambiente tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, ya que aseguraron que pondrá en riesgo a los ecosistemas de la zona.
La institución negó que, como se ha afirmado en varios medios de comunicación, el gobierno federal esté enfocado en la devastación de los recursos naturales, sino que su misión es revertir los hechos que en las últimas décadas provocaron daños ambientales, sobre todo en el sureste del país.
Además de cuestionar, como lo hizo López Obrador, a quienes actualmente se oponen a esa obra: “¿Dónde estaban cuando empezó la verdadera devastación del sureste de México?”, ya que consideró que no se manifestaron en gobiernos anteriores contra concesiones que se dieron a empresas mineras, uso de cultivos transgénicos, empleo de fertilizantes tóxicos, ampliación de cultivos no permitidos, entre otros.
“El Tren Maya representa un proyecto para la justicia social y ambiental en el sureste de nuestro país de la mano de las comunidades. Las personas de la región quieren y ven en el tren un camino de esperanza para su bienestar y felicidad en sus propias comunidades, a diferencia de lo que en administraciones anteriores se hacía para perpetuar el beneficio de unos cuantos, por encima del bien común y los empujaba a migrar, aun cuando son las guardianas y guardianes históricos del territorio y los recursos naturales”.
¿Cuáles fueron los reclamos de la Semarnat?
La Semarnat argumentó que quienes ahora se aponen a las obras del gobierno de la denominada Cuarta Transformación no lo hicieron contra el crecimiento indiscriminado de las granjas porcícolas, sobre todo en Yucatán, donde hay al menos 500 en 50 municipios de la entidad, “cuyas afectaciones a la salud humana y ambiental por deforestación, desequilibrio ecológico y contaminación de cenotes es innegable”.
Otro ejemplo que puso fue que no hubo oposición a los permisos de explotación minera incluso por debajo del manto freático, ya que ahí sus impactos son irreversibles, como sucedió con la empresa Calica, en Solidaridad, Quintana Roo.
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Además de que en 68 Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país existen mil 862 concesiones mineras con una superficie total de 1.5 millones de hectáreas, como es el caso de la Reserva de la Biósfera El Triunfo, en Chiapas.
En cuanto las obras en centros turísticos, planteó: “Se permitió y fomentó, el crecimiento desordenado y exponencial de la infraestructura turística e inmobiliaria en Quintana Roo, sin ni siquiera plantear medidas de compensación que mitigaran los impactos al medio ambiente. Particularmente en Cancún, Tulum y Bacalar, donde las consecuencias han ido desde la contaminación y privatización de las playas”.
En contraste, la Secretaría del Medio Ambiente destacó que el programa Sembrando Vida es el más grande en el mundo para la reforestación y que abarca más de medio millón de hectáreas, lo que ayuda también al ingreso económico de miles de familias, a eso se suma un programa en contra de la tala ilegal que inició en Campeche.
“En un acuerdo histórico con la comunidad menonita, por primera vez en la historia del país se acordó frenar la deforestación e iniciar la transición hacia una forma de producción agroecológica, que se complementa con el Decreto publicado el 31 de diciembre de 2020, que prohíbe gradualmente el uso del glifosato y maíz transgénico”.
Añadió que también se promueven controversias constitucionales para cuidar el medio ambiente, no se han otorgado concesiones mineras a cielo abierto, se reconoce a las comunidades que cuidan el medio ambiente, “se ha logrado conservar y proteger más de 200 mil hectáreas en el trayecto del Tren Maya, y se trabaja directamente con las comunidades para seguir creando corredores biológicos forestales”.
