La Secretaría de Bienestar registró un porcentaje promedio de 79.71 en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia (IGCPT) entre 2019 y 2021, lo cual la posicionó como la dependencia con menor calificación del gabinete legal de la presidencia de la República.
Cultura y Comunicaciones y Transportes son las siguientes entidades con el porcentaje promedio más bajo en dicho periodo, 83.65 y 96.13, respectivamente, según documentos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Bienestar –el despacho encargado del desarrollo social de México– figuró dentro de las tres secretarías con menor IGCPT durante el último trienio. En 2019 fue la más opaca con una puntuación de 82.81% –la segunda fue Relaciones Exteriores con 98.04%.
Para 2020 bajó su porcentaje a 79.72, e igualmente se posicionó como la dependencia menos transparente –tras esta se ubicó Cultura con 95.73%–. En 2021 tuvo un índice de 76.62%, lo cual la dejó como la segunda peor valorada –la tercera fue Comunicaciones y Transportes con 92.30%.
El IGCPT es una herramienta que utiliza el Inai para verificar tanto la existencia de información como la accesibilidad en todos los organismos gubernamentales, explicó a Publimetro Jaime Hernández Colorado, secretario técnico del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), de la Universidad de Guadalajara.
Sin embargo, únicamente es un mecanismo de medición, agregó el especialista, no un instrumento que sirva para imponer sanciones. Estas sí las realiza el Inai, tanto económicas como administrativas, pero a través de procedimientos vinculantes no ligados al Índice Global de Cumplimiento.
“Para lo que sirve –el IGCPT– es para dejarnos claro cuáles sujetos obligados en el país no cumplen con la base mínima de la Ley General de Transparencia. Decir eso y ver los resultados ya es suficientemente preocupante”, aseveró Hernández Colorado.
Es necesario vincular los resultados de la citada herramienta con algún tipo de apercibimiento o de notificación para que corrija el rumbo de los sujetos obligados, apuntó el investigador del IIRCCC, de lo contrario se verán tendencias de opacidad como las de la Secretaría de Bienestar.
Incumplimientos sistemáticos
Durante el citado trienio, 10 obligaciones de la anteriormente llamada Secretaría de Desarrollo Social –nombre modificado con la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018– tuvieron cada año un porcentaje menor a 85 en el IGCPT.
Los componentes de Bienestar con incumplimiento sistemático de la ley son contrataciones y honorarios; datos curriculares; concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados; padrón de proveedores y contratistas; plan de desarrollo; expropiaciones realizadas; contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales; personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos; planes de desarrollo urbano; y obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia.
El Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia califica 61 responsabilidades de Bienestar –el número varía según el organismo gubernamental–. En 2019 enlistó 15 con puntuación inferior a 85%, en 2020 fueron 20 y en 2021 subieron a 21.
En estos tres años se observa una conducta sistemática de opacidad en la secretaría mencionada, subrayó Jaime Hernández Colorado. La información donde se hallan las deficiencias reportadas por el Inai es bastante importante, agregó, porque se trata de avances programáticos, es decir, los datos financieros.
“Si haces una visión panorámica, lo que tenemos es que la opacidad en este sujeto obligado está haciendo complejo, difícil y en algunos casos imposible que todas las personas conozcan información completa sobre el ejercicio presupuestal, sobre procedimientos de licitación o de adjudicaciones directas”, dijo.
El investigador del IIRCCC, asimismo, enfatizó que no hay ninguna justificación para el incumplimiento de Bienestar en materia de transparencia, pues las leyes determinan que toda información es pública, entonces, todo documento no difundido está en un escenario de opacidad.
“Si nosotros que nos dedicamos a la investigación tenemos dificultades para encontrar la información, ya te quiero decir el ciudadano de a pie cuándo va a llegar a esta información. Pues nunca”, concluyó Hernández Colorado.
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