El pago de pensiones y de seguridad social a periodistas por parte del Gobierno Federal, como adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles, pone en peligro la libertad de expresión y a los medios de comunicación, indicaron especialistas a Publimetro.
López Obrador propone destinar el 25% del gasto en publicidad oficial al pago de pensiones y de seguridad social de periodistas, siendo un monto aproximado de 750 millones de pesos; pues el total del gasto al año en este rubro supera los tres mil millones de pesos, informó en la conferencia de prensa matutina. Explicó que el proceso de selección dependería de un Comité de Periodistas, y que se trabajaría en coordinación entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la vocería de la Presidencia de la República.
Precisamente la reducción del gasto en publicidad oficial es uno de los riesgos, pues esto puede afectar a los pequeños y medianos medios cuyo ingreso depende en gran medida de este gasto.
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“Cualquier disminución del monto económico que reciben los medios de comunicación por concepto de publicidad oficial tiene repercusiones en su funcionamiento”, comenta Claudia Benassini Félix, investigadora de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle.
“Esto lo vimos al principio del actual sexenio, con su decisión de desaparecer toda cantidad de publicidad oficial. Esto repercutió en el cierre de muchas publicaciones. Por ejemplo, había revistas que se sostenían básicamente de eso. Si a algunos medios se les reduce ese porcentaje, tendrán problemas para sostenerse. Los grandes medios no, pero yo creo que los medios más pequeños son los que tienen ese riesgo”, añadió la investigadora en entrevista con Publimetro.
Para Arturo Chávez-Nieto, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, es vital recordar que el pago de la Seguridad Social de los trabajadores depende de los patrones, es decir, de las empresas de medios.
“Cualquier persona que tenga la característica de trabajador, es decir, sujeto a una subordinación, tiene derecho, no solo a las prestaciones que contempla la Ley Federal del Trabajo o en su caso la Ley Burocrática -la ley de los trabajadores al servicio del Estado-, sino también tienen derecho a la Seguridad Social. No es una situación que sea optativa. Que su patrón los de de alta y que gocen de seguridad social es un derecho que tienen. A partir de ahí tenemos que entender todo”, explicó Chávez-Nieto.
El especialista comentó que el caso de que algún trabajador -no sólo de medios de comunicación, sino en general- no esté inscrito al IMSS o no tenga esta prestación, sería la excepción a la regla y la empresa estaría recurriendo a la ilegalidad.
El caso de los prestadores de servicios profesionales independientes (freelance), que no están a la luz de un contrato de trabajo, si podría aplicar a la propuesta de AMLO. Pero, para Claudia Benassini, este adelanto del presidente López Obrador, abre la puerta a una interrogante: “¿Quién sí es y quién no es un periodista?”.
“Es una pregunta complicada. En realidad uno pensaría que el periodista es justamente un profesional de la información y que tiene un perfil que tiene que ver con la búsqueda de información y la transmisión del manejo del lenguaje, es decir, una serie de habilidades que va desarrollando durante su formación en la Universidad”, explica Benassini.
“Yo creo que uno de los grandes problemas que tienen actualmente es que ‘todos’ son periodistas. Por ejemplo, en los medios de espectáculos o de deportes, ‘todos’ son periodistas. Loret de Mola no es periodista. Él está leyendo un teleprompter. Chumel no es un periodista, Lord Molécula no es periodista. Me parece que es una cuestión importante porque se tendría que tener un perfil claro de qué es lo que se entiende por periodista, porque los youtubers, los influencers, los blogueros, pues muchos de ellos no tienen la formación necesaria. Eso no es periodismo”.
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AMLO utiliza a reporteros para enfrentarse contra los dueños de los medios
Lejos de resolver uno de los temas que tienen al periodismo mexicano en crisis, para Juan Carlos Montero, profesor de Transformación Pública del Tec de Monterrey, esta propuesta es una estrategia del presidente para castigar a la prensa como institución.
“Es lo mismo que hizo con las guarderías: quitarlas y dijo que iba a dar el dinero directamente a los padres, lo cual no se ha traducido en una realidad. Dijo que iba a quitar las escuelas de tiempo completo y que le iba a dar dinero directamente a los padres, lo cual tampoco se ha hecho realidad. Entonces, es una estrategia que el presidente ha seguido en otras ocasiones y que vemos que no se materializa de la manera en que la planea”, comentó.
Además, la aplicación de esta idea no se daría hasta el año 2023, por temas de presupuesto.
“Suena un poco a corrupción querer dar el dinero directamente a los reporteros. La cuestión es que si el presidente estará esperando un agradecimiento, no sabemos de qué tipo”, añade Montero.
Para el especialista, este plan busca romper las relaciones que los reporteros tienen con las empresas, las cuales son más frágiles en casos como los reporteros freelance.
“El pleito de López Obrador es con las empresas. Contra El Universal, Reforma, y en medio están los periodistas. Sabe que hay una diferencia clara entre la empresa y sus trabajadores y reconoce que el reportero muchas veces se encuentra en un estado de precariedad laboral y está buscando aprovecharla para su uso personal”.
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Seguridad social, es una conquista ganada
Para la investigadora Benassini, el problema que existe al interior de las redacciones es importante. “Normalmente se paga mal o tienen pocas prestaciones. Uno pensaría que, sea del medio que sea, estamos hablando de que los reporteros deberían de tener esta protección”. Sin embargo, en caso de que los medios de comunicación no cumplan con otorgar prestaciones, deben de buscarse que cumplan con su obligación, pues son conquistas laborales.
Los trabajadores cuya empresa esté en una ilegalidad pueden hacer valer estos derechos a través de un juicio ante la autoridad laboral competente (juntas de conciliación y arbitraje o tribunales laborales) dependiendo del estado de la República de qué se trate, añadió Chávez-Nieto.
3 PREGUNTAS CON
Ricardo Reyes, coordinador Jurídico y de Pluralidad Mediática, ARTICLE 19 México
¿Qué opina ARTICLE 19 de la propuesta del presidente López Obrador de pagar seguridad social a periodistas?
Son varios elementos que convergen en un común denominador: la precariedad laboral, la exposición a la vulnerabilidad que tienen los periodistas al no tener muchas veces contratos, seguridad social, prestaciones, dinero para pagar sus viajes, sus equipos, etcétera. Todo esto genera un ambiente adverso a su labor periodística.
Nosotros, desde el ARTICLE 19, hemos señalado en distintas ocasiones que es un tema que atender, pero en primer lugar deberían ser los propios medios de comunicación -las empresas, los empleadores- quienes deben atender este asunto, no el Estado.
La lectura -muy superficial de primer momento- es que la propuesta puede ser buena, pero hay matices que habría que aclarar. No tenemos todavía la suficiente información de cómo podría operar esta propuesta. Para que el 25% de los recursos destinados a publicidad oficial se destinen a la Seguridad Social de los periodistas, debe de haber una reforma a la ley. Debe definirse y clarificarse el ejercicio de los recursos. En la publicidad oficial, los recursos son destinados justamente para comunicar, para informar, para garantizar derechos como la información, libertad de expresión. Se debería clarificar qué parte de esos recursos deberán ser destinados para otros fines.
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Justamente hay una regulación pendiente que tiene el Congreso de la Unión con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de septiembre del año pasado. No sabemos -nosotros como parte quejosa- si esto viene dentro de su iniciativa, pues el Congreso de la Unión no nos ha informado nada sobre el cumplimiento que están teniendo.
Por otra parte, el ambiente adverso del periodismo en cuanto a violencias -no solo físicas, sino también económicas, laborales- afecta directamente a la labor periodística. Dentro de esta propuesta también habría que poner el dedo en el renglón sobre cómo es que se pretende operar esta propuesta, más allá del destino del 25%, ¿A qué periodistas se les va a asignar la seguridad social y a que otros no?, ¿Bajo qué parámetros van a tomar estas decisiones? ¿Cuáles son las reglas de operación?
¿Cuál es la situación del periodismo en México en este momento?
Las prácticas siguen persistiendo de una administración a otra: el descuido en las políticas públicas, en la legislación, en la impartición de justicia, la procuración de justicia. El común denominador es el mismo: el olvido, la negación, la impunidad, la falta de garantías jurídicas y políticas para quienes ejercen el periodismo; independientemente del gobierno que esté en turno, estas acciones siguen persistiendo.
La tendencia que tiene esta administración es que va a ser la más letal para la prensa. Lo que llevamos de 2022 ha sido el lapso más letal para la prensa con ocho periodistas asesinados y -más allá de puras condenas que señalen los servidores públicos- lo que necesitamos ya no son más condenas, sino más acciones, más procuración de justicia, una responsabilidad mucho mayor para la sociedad porque, a través del periodismo, se ejerce la libertad de expresión, que es un pilar fundamental para un país democrático.
Necesitamos tener una sociedad informada y que la labor periodística no sea criminalizada, no solamente en el sentido de matar periodistas, sino también los ataques dirigidos que van desde la mañanera al desprestigiar, deslegitimar, atacar, criticar a la oposición, a periodistas y medios de comunicación. No es nada sano para la democracia, para el ejercicio periodístico ni para la sociedad.
Creo que la responsabilidad y el cambio de actitud debería estar justamente en la figura presidencial, que es quién ha llevado a cabo esta campaña, estos ataques y que genera un efecto dominó. El presidente genera una acción que es replicada a través de sus servidores públicos y simpatizantes de su gobierno. Por lo mismo -en redes sociales- vemos también que hay una reacción generalizada de simpatizantes que también nutren y replican justamente estas narrativas que son violentas y que son adversas para los periodistas.
¿Crees que la idea de pagar seguridad social y pensiones desde la Federación a periodistas pueda ser utilizado por este Gobierno como una carta de defensa ante las críticas sobre la violencia que enfrenta la prensa en México?
Podría tenerlo. Un ejemplo similar es cuando redujo el presupuesto para publicidad oficial, lo ha presumido y reconocido y Artículo 19 lo ha reconocido: por un lado estuvo bien la reducción a la publicidad oficial, pero por otro lado, persisten las malas prácticas que denunciamos: la concentración del gasto en unos pocos medios de comunicación, el descuido de no beneficiar o no dar publicidad oficial a medios críticos o que queden rezagados.
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Lo mismo puede suceder con esto. A reserva de conocer los detalles de cómo operará este plan, habría que ver cómo operar, quiénes van a integrar este comité, cuáles van a ser los parámetros para decidir qué periodistas pueden ser beneficiados o no. Más allá de eso, persisten las deudas que tiene esta administración -y que han tenido las administraciones pasadas- como combatir impunidad, fortalecer investigaciones a las agresiones y asesinatos, generar políticas que cuiden la labor periodística en la libertad de expresión.
Esto nos lleva a temas de violencia, seguridad, violaciones a derechos humanos donde los periodistas también son víctimas, como los defensores de derechos humanos, víctimas de feminicidios, etcétera.
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Si el presidente usa esta carta, también habría que recordar que existen los otros pendientes para que la libertad de expresión pueda desarrollarse en un ejercicio pleno libre y democrático
