“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, sentenció el Comité en un informe que concluyó la visita de su delegación a México en noviembre pasado.
El informe dimensiona el fenómeno de las desapariciones forzadas que se presentan en el país, en donde revela que los gobiernos estatales y servidores públicos son los principales responsables de esta problemática, así como de las organizaciones del crimen organizado.
De acuerdo con datos oficiales, había 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre de 2021. A esas, se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité. En tanto, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo ocho mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años.
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Ante ello, el Comité destacó la importancia del Registro Nacional, que da una idea de la magnitud de las desapariciones en México.
Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus
— Constató el Comité.
Respecto a los defensores de los derechos humanos, el comité de Naciones Unidas aseguró que este sector es uno de los más vulnerables, pues varios de ellos han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones. Y también mostró preocupación por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado.
Cárceles y centros de migración, en la mira
Durante la visita, el Comité también recopiló alegaciones de desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración, en donde se informó de los obstáculos que impiden a las personas privadas de libertad contactarse con el exterior e informar sobre su paradero.
Adicional a ello, se presentaron testimonios de migrantes detenidos ilegalmente en lugares desconocidos en donde los responsables de la seguridad les quitaron los celulares y luego les exigieron dinero a las familias, a veces con el apoyo de servidores públicos.
Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6%, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto.
— dijo el Comité.
Crisis forense
Según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
A pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
Ante ello, el Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
— Concluyó el Comité.
¿Cómo reportar desapariciones?
Una de las herramientas para dar cuenta al gobierno de México de una desaparición es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, que tiene como objetivo hacer llegar los datos personales a la Secretaría de Gobernación (Segob).
En la página web solo se pide el nombre completo de la persona desparecida, su fecha de nacimiento, el sexo y la entidad de nacimiento.
