Los recursos económicos para el funcionamiento de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) fueron recortados desde la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de recibir 270 millones 994 mil pesos en 2018 pasó a tener 209 millones 791 mil pesos para 2022.
Esta dependencia de la Secretaría de Cultura surgió en 1985, no obstante, apareció en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como Unidad Responsable hasta 2017. En ese año se le aprobaron 253 millones 772 mil pesos para su operación.
En 2018 el capital de la DGB aumentó a los 270 millones de pesos mencionados. El primer recorte fue en 2019 –tiempo en el cual comenzó la autollamada Cuarta Transformación–, debido a que percibió 249 millones 433 mil pesos –21 millones 561 mil pesos menos–, de acuerdo con datos del PEF.
La ‘amputación’ de recursos más pronunciada se observó en 2020, año en donde obtuvo 217 millones 988 mil pesos para su administración, es decir, una reducción de 31 millones 445 mil pesos respecto al ejercicio previo.
En 2021 la diminución de los fondos de la Dirección General de Bibliotecas fue de un millón 133 mil pesos: obtuvo para su funcionamiento 216 millones 855 mil pesos. Finalmente, para 2022 le restaron siete millones 64 mil pesos, pues le aprobaron 209 millones 791 mil pesos.
Las tareas de la DGB son crear políticas y establecer los procedimientos necesarios para facilitarle a los mexicanos el acceso libre, gratuito y equitativo al conocimiento y la cultura, así como fomentar la lectura a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
Su principal importancia es regular los servicios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, porque hace que los engranajes funcionen: procesa los datos de los libros y los distribuye a los rincones más lejanos de nuestro país, indicó en entrevista la doctora Patricia Hernández Salazar, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM.
“Ha sido muy bueno (el trabajo de la DGB) porque había lugares en donde o eran muy pocas las bibliotecas públicas o no estaban verdaderamente funcionando, y solo eran repositorios de libros”, dijo.
En total, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas coordina la operación de siete mil 474 establecimientos –el 88% municipales–, de los cuales seis mil 666 se encuentran abiertos y 808 cerrados. La capacitación del personal y la modernización tecnológica de cada uno de ellos está a cargo de la DGB.
El papel que juegan las bibliotecas públicas en la educación es muy relevante, debido a que apoyan en los planes y programas de estudio de nivel básico, medio superior, superior y hasta posgrado, señaló Hernández Salazar.
“Influye (dicha Red Nacional) porque estas bibliotecas lo que tienen que hacer, y sobre todo la Dirección General de Bibliotecas, es proveer toda la infraestructura para que sean un apoyo o un referente en la educación: planes y programas de estudio, fomento a la lectura y todo el acercamiento con la comunidad, que es parte también de la enseñanza”, apuntó la investigadora de la UNAM.
Por último, la doctora consideró que los recortes a la DGB podrían afectar la adquisición de libros y la renovación y actualización de equipos, pues una de sus misiones es contar con el presupuesto para dar colecciones a las bibliotecas públicas.
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