En sigilo y con mesas de trabajo controladas, el Congreso de la Unión aprobó cambios a la Ley General de salud, lo que se traduce en la desaparición de los hospitales psiquiátricos de internamiento en todo el país. Bajo el argumento de reconvertirlos en centros de atención general, las reformas contemplan una reducción del presupuesto para compra de medicamentos e infraestructura.
Con esta determinación se extingue el modelo psiquiátrico en todo el territorio mexicano, el cual separaba al paciente del resto de la población y se instruye que –en adelante– no se deberán construir más hospitales especializados en psiquiatría. Mientras que los que ya existen se deberán convertir en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud, según cita la reforma al artículo 74 de la ley.
Esta situación generó inconformidad entre directores y médicos que laboran en hospitales de este rubro, quienes aseguran que los cambios que se hicieron fueron sin realizar foros con especialistas en la materia, ni mucho menos se hizo un análisis a profundidad, por lo que proyectan una crisis mayor para atender a personas con algún trastorno mental.
Y es que el problema no es menor, la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM) reporta que en el país apenas uno de cada cinco pacientes con trastornos mentales recibe tratamiento adecuado. Esto en el contexto de que dichos trastornos afectan a casi el 30% de mexicanos.
Esto implica que ocho de cada 10 personas con trastornos mentales no recibe ayuda o no obtiene la adecuada, según el Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones que realizó la Secretaría de Salud del gobierno federal en 2020. La brecha es más amplia para personas que padecen trastornos de ansiedad o fobia social.
No obstante, la cifra pudo dispararse con el confinamiento derivado de la pandemia por Covid-19 o por el estrés que causó entre la población.
Sin recursos, ni hospitales
La infraestructura que tiene el país para atender a estos pacientes es insuficiente, datos oficiales precisan que existen 51 centros integrales de salud mental y solo 32 hospitales psiquiátricos con capacidad para dar atención a cuatro mil pacientes y 54 villas de transición hospitalaria.
En 19 estados de la República mexicana únicamente 10% de hospitales generales cuenta con al menos una cama de psiquiatría.
De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, entre 2005 y 2015, más de 117 mil personas fueron hospitalizadas en México por depresión; 128 mil 221 por trastornos relacionados con sustancias y drogas; 109 mil 808 por esquizofrenia y más de 67 mil por trastornos mentales.
El mismo informe del CESOP arroja que 24.7% de los adolescentes mexicanos se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental, siendo más frecuentes los trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión y el uso de sustancias, así como los intentos de quitarse la vida.
De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, en el último año se capacitó a seis mil 123 médicos de centros de salud, con el propósito de fortalecer la cobertura de atención a los trastornos mentales “con enfoque familiar, comunitario y respeto a los derechos humanos”.
No obstante, una de las mayores dificultades para atender a estos pacientes es el mayor crecimiento de la demanda de servicios, respecto al bajo crecimiento en el financiamiento de operación de instituciones de atención de este tipo.
De acuerdo con el censo del 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a lo largo del territorio nacional hay un millón 590 mil 583 personas con algún problema o condición mental. De esta cifra 54% son hombres y 46% mujeres.
De esas personas, 602 mil 293 –además de tener algún problema o condición mental– tienen alguna discapacidad y 264 mil 518 tienen algún problema o condición mental y alguna limitación.
¿Internamiento obligado?
La reforma plantea que, de acuerdo con el enfoque en derechos humanos, la Secretaría de Salud deberá hacer explícitas las intervenciones prioritarias de salud mental y adicciones para garantizar el acceso a la prevención y atención.
De esta manera, a la población usuaria de los servicios de salud mental se le reconocerá el derecho a no ser sometida a medidas de aislamiento, contención coercitiva o cualquier práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en su caso, ser sujeto a medios para atenuar el escalamiento de crisis.
Publimetro consultó al Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, el cual aseguró que la reforma reconoce derechos que antes no se contemplaban como, por ejemplo, que las personas con algún diagnóstico sobre estas enfermedades no sean sometidas a tratamientos irreversibles o que modifiquen su integridad.
Datos:
- 26 entidades apenas cuentan con la infraestructura para atender a la población afectada por trastornos mentales.
- 85% de las personas con algún padecimiento mental no recibe atención, y quienes la reciben tardan desde siete hasta 30 años en obtener un tratamiento.
- La OMS estima que 10% del presupuesto de salud pública debe destinarse a la salud mental, pero en el país ésta alcanza apenas 2.1% de los recursos.
A considerar:
“No se considera conveniente seguir fragmentando las instituciones de salud mental, por lo que las medidas deben ser aplicadas a todas las instituciones de salud, para dar paso a una atención comunitaria es esencial dejar de asociar los servicios psiquiátricos y de salud mental, con establecimientos aislados y exclusivos para personas con trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. Situación que ha marcado el estigma, discriminación y violación de derechos humanos”, refiere la reforma.
