Uno de los efectos de la reforma laboral –aprobada a nivel constitucional en 2017 y armonizada con la Ley Federal del Trabajo en 2019– es la desaparición de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para dar lugar a los tribunales laborales. Ambos órganos tienen la función de resolver los conflictos entre empleados y patrones.
Sin embargo, la extinción de la JFCA no se consumará hasta que resuelva todos sus juicios en trámite, los cuales registran un rezago de 557 mil 472 expedientes –con corte a noviembre de 2021–, según información de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
La ‘agonía’ de dicha dependencia va acompañada de una reducción presupuestal, pues de recibir 915 millones 362 mil pesos en 2018 pasó a solo obtener 743 millones 845 mil pesos para 2022.
México vive una fuerte crisis en materia de justicia laboral, a pesar de la citada reforma, porque está retrasada, aletargada, abandonada y con pocos fondos, aseveró en entrevista el doctor Manuel Fuentes Muñiz, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Las dificultades para la JFCA aumentarán más aún, abundó el especialista, debido a que coordina 66 Juntas Especiales con únicamente dos dictaminadores –personal encargado de emitir las sentencias– cada una, lo cual genera un embudo obstaculizador de eficiencia.
“Finalmente, los afectados son los trabajadores porque son los que acuden ante un tribunal en busca de justicia y, por el contrario, no se obtiene. Una justicia lenta no es una justicia que se busque en este ámbito tan importante”, señaló.
Del total de juicios laborales rezagados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 555 mil 211 son asuntos individuales: 193 mil 24 en proceso de laudo y ejecución y 362 mil 187 en trámite de primera instancia. De estos últimos, el 61.2% del periodo 2019-2021, el 34% de 2013 a 2018 y el 4.8% de 2012 y años anteriores.
La falta de un mecanismo de conciliación efectivo explica tanta acumulación de expedientes, pues las Juntas se llenan de demandas que no tienen razón de ser, indicó a Publimetro Alejandro Avilés Gómez, presidente del Colegio de Abogados Laboristas de la Ciudad de México.
También por la falta de presupuesto y personal, agregó. Incluso abona la pandemia de Covid-19, porque las Juntas de Conciliación y Arbitraje cerraron por algunos meses, y al mismo tiempo se generaron despidos, dijo.
Dicho rezago continuará al alza debido a que solo 63% de las entidades federativas ya aplican la reforma laboral, en el resto los trabajadores aún interponen sus demandas en las Juntas de Conciliación, subrayó Avilés Gómez. La prórroga para la implementación en estos estados es hasta octubre de 2022.
‘Desahuciada’ y sin presupuesto
En la última década, 2015 es el año en el cual la JFCA recibió más fondos para su operación: mil 53 millones 860 mil pesos, de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación. El segundo es 2018 con los 915 millones mencionados; desde entonces se redujo su capital por tres ejercicios consecutivos.
Luego de las reducciones continuas, en 2022 se observó un crecimiento marginal: de administrar 720 millones 712 mil pesos en 2021 pasó a los 743 millones previamente referidos.
El problema de las Juntas de Conciliación no es su eficacia o la profesionalización de sus integrantes, sino la falta de presupuesto, señaló el presidente del Colegio de Abogados Laboristas. Y advirtió que los recortes son “enterrarle todavía más el puñal” a la procuración de justicia, pues se hará más lenta.
“(Debido a la falta de personal y capital) en muchas de las Juntas de Conciliación ponen a los ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ a hacer laudos, por ejemplo, de machote. Evidentemente, muchas de las veces no son ni siquiera abogados, eso provoca que hay laudos mal elaborados, que haya impugnaciones, amparos y que, por tanto, los juicios duren muchísimo más tiempo”, apuntó.
Por su parte, Fuentes Muñiz indicó que la crisis de la JFCA se acentuó con la falta de recursos económicos, lo cual generará que su desaparición se prolongue hasta 10 años.
“La reforma laboral no incluyó un mejor presupuesto para las Juntas de Conciliación y Arbitraje que les permitiera tener un buen morir, sino, por el contrario, se le ha ido restando capacidad”, afirmó.
Nuevos tribunales, nueva crisis
Un juicio laboral tarda alrededor de siete años en llegar a una resolución, precisó el profesor de la UAM. En las Juntas Especiales, a veces, hay entre 30 y 40 audiencias diarias, no obstante, con los nuevos tribunales solo habrá dos o tres, abundó.
Esto comienza a generar un ‘cuello de botella’ importante, porque la reforma en cuestión no ha dado la solución proyectada, aseveró el especialista. Se ve un fracaso anunciado, principalmente porque no hay suficiente compromiso en el gobierno federal para resolver la problemática, dijo.
“En estudios que yo he realizado directamente en los casos de los nuevos tribunales, por cada 100 casos que llegan apenas en el 0.79 se emiten sentencias, es decir, ni siquiera una sentencia por cada 100 casos que van entrando. Obviamente, eso plantea una situación de un rezago que se va acumulando”, aseguró Manuel Fuentes Muñiz.
