Las denuncias por el delito de fraude aumentaron 30.6% durante la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de 2019 a 2021, en relación con los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, de 2016 a 2018, según datos del Secretariado Ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por presuntas estafas, en dicho lapso del priista se abrieron 188 mil carpetas de investigación; sin embargo, en el trienio inicial del morenista se registraron 245 mil 613, es decir, 57 mil 613 casos más.
Con Peña Nieto, asimismo, las entidades federativas con el mayor número de fraudes denunciados ante las fiscalías locales fueron Ciudad de México (37 mil 184), Jalisco (21 mil 746), Estado de México (16 mil 83), Nuevo León (13 mil 297) y Puebla (siete mil 600).
Para el sexenio de AMLO cuatro de estas se mantuvieron entre los cinco estados con la incidencia delictiva más alta: Ciudad de México (49 mil 46), Estado de México (34 mil 177), Jalisco (22 mil 896) y Nuevo León (13 mil 233). El siguiente en la lista fue Veracruz con 10 mil 984 acusaciones.
El fraude es cuando una persona se aprovecha del error de otra para obtener un beneficio; hay varios tipos, los cuales van desde utilizar el sistema financiero para su cometido hasta la promesa de compra o venta de algún bien, explicó a Publimetro la doctora Lizbeth Padilla Sanabria, profesora en la UNAM.
Actualmente, los más redituables son los efectuados a través de instituciones de crédito, abundó la académica. Por ejemplo, con el robo de identidad mediante redes sociales o plataformas como OnlyFans, dijo, pues la gente ingresa sus datos personales para registrase.
Padilla Sanabria también señaló que las estafas más comunes se cometen a los ciudadanos de a pie. Las tandas, las cajas de ahorro o los negocios con esquema piramidal son los medios ocupados por los delincuentes para este tipo de ilícito, precisó.
Incluso hay fraudes cometidos por los bancos, agregó, los cuales se realizan con ‘robos hormiga’: sustraen de las cuentas cantidades pequeñas, como 200 o 300 pesos, hasta generar montos mensuales de 20 mil o 30 mil pesos.
Pobreza y visibilización, las causas
El aumento de las denuncias por el delito de fraude se debe, principalmente, al nivel de pobreza en México, aseveró la profesora de la UNAM, así como a la falta de empleo y a los bajos salarios de los que hay. “Las personas buscan una u otra forma para sacar capital”, indicó.
Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, consideró que existen más datos registrados sobre las estafas, no un aumento en su incidencia.
Esto porque hay una mayor tendencia a reportar el ilícito, añadió el especialista en entrevista. Como resultado se visibiliza parte de la cifra negra, pues alrededor del 80% de los fraudes no son denunciados, apuntó.
La base de datos del Consejo Ciudadano enlistó siete mil 495 llamadas relacionadas con dicho crimen durante 2020 –a nivel nacional–; en 2021 el número se elevó a ocho mil 95. Del total, 55% las realizaron mujeres y 45% hombres. El fraude con más presencia fue la venta y compra por Internet (32%), después el de ganador de premio (15%).
“El 60% de los daños patrimoniales son menores de ocho mil pesos. Entonces, muchas personas valoran que tal vez no sea necesario o útil o conveniente ir al Ministerio Público y tratar de recuperar lo que parece muy difícil de recuperar”, subrayó Guerrero Chiprés.
Robos altos, bajas condenas
Los castigos legales para las estafas son muy bajos, además no todas las modalidades están tipificadas, detalló Lizbeth Padilla Sanabria. En un fraude millonario, continuó, las condenas son de cinco hasta 15 años de prisión; en casos de menor envergadura son de cuatro a 10 años.
No obstante, ninguno de los tipos de este delito amerita prisión preventiva oficiosa. Por lo general, las medidas cautelares son económicas o periódicas (firmar cada cierto tiempo), señaló la académica.
“Yo tuve un asunto de millones de pesos donde los ejecutivos del banco estaban inmiscuidos, y la medida cautelar impuesta por el juez fue periódica, iban a firmar cada 15 días. Y, evidentemente, seguían trabajando en el sistema financiero. Desde el punto de vista jurídico, el Derecho no alcanza a castigar ese tipo de conductas”, concluyó.
