En México, la impunidad sigue avanzando a pesar de los esfuerzos para combatirla, como el informe Cero Impunidad, presentado por el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalan especialistas a Publimetro.
A pesar de que los periodistas Luis Enrique Ramírez, en Culiacán, Sinaloa, Yesenia Mollinedo Falconi y Johana García Olvera, en Cosoleacaque, Veracruz; denunciaron amenazas de muerte, este jueves Mejía Berdeja afirmó que no existían elementos para afirmar que su asesinato estaba vinculado con su profesión.
En cuanto al caso de Luis Enrique Ramírez, el subsecretario explicó: “No se descarta ninguna línea de investigación, pero con los indicios que hay, con los datos de prueba que se tienen, se puede señalar que no hay ningún elemento que haga presumir que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico”. Por otro lado, en cuanto a las periodistas de Veracruz, señaló: “Decirles también que no hay ningún elemento, al igual que en el caso de Sinaloa, que presuma una asociación del evento con la actividad periodística, ya hay una línea muy sólida que conduce a un tema de delincuencia organizada”.
Este comentario fue criticado en redes sociales. Por ejemplo, Javier Lozano Alarcón, señaló a través de Twitter: “Y cómo lo sabe ese remedo de subsecretario? Además, suena ridículo: delincuencia organizada pero nada que ver con la actividad periodística de los finados. ¿Entonces por qué fueron “a por ellos”?”
Durante el informe Cero Impunidad, el subsecretario hizo un recuento de los nueve asesinatos de periodistas ocurridos en 2022; aunque diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos y de periodistas -como Reporteros Sin Fronteras- cifraron en 11 el número de comunicadores ejecutados este año. En ninguno de los casos presentados por Mejía Bermeja se presentaron sentencias condenatorias.
Sólo se informó que en total van 19 detenidos o buscados, de los cuales 16 están vinculados a proceso. En el caso del periodista José Luis Gamboa Arenas, asesinado el 10 de enero pasado en Veracruz, -y los tres más recientes, ya referidos- no hay personas vinculadas a proceso.
¿Qué es la impunidad?
Una de las definiciones de más alto nivel es la que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Paniagua Morales y otros contra Guatemala”, mejor conocido como caso “Panel Blanca”, en 1998. En su sentencia, definió que “un estado de impunidad” se entiende como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.
En su “Informe 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo”, la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional hace énfasis en la impunidad en casos de personas desaparecidas y no localizadas en México. “Al final del año, se elevaba a más de 97 mil el número total de denuncias de personas desaparecidas y no localizadas en México desde 1964. La impunidad sobre esta cuestión prevalecía; sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada”. Es decir, la sentencia es parte fundamental en este aspecto.
El pasado 23 de diciembre de 2021, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación, detalló que en cuanto a los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, México tiene una impunidad superior al 90%.
Además, en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, señaló: “Debemos fortalecer las capacidades institucionales de todo el Estado mexicano, no solamente en el ámbito del gobierno federal, sino los estados, en los municipios urgentemente en el Poder Judicial y en las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia donde lamentablemente la impunidad sigue siendo muy grande. Y la impunidad es un caldo de cultivo que alienta no solamente la comisión de delitos, sino también la falta de implementación de justicia en favor de quienes han sido agraviados en sus derechos y en sus libertades”.
2 PREGUNTAS CON
Héctor Segovia Tavera, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
¿Los informes ‘Cero Impunidad’ pueden crear una falsa sensación de seguridad toda vez que hay casos donde no se tiene una sentencia condenatoria?
Yo considero que esto es mucho populismo, porque en realidad hay mucha impunidad. Hay ejemplos claros, por ejemplo, uno clarísimo es lo que pasó con la señora Alejandra Cuevas, que estuvo bastantes días detenida. Si no es por esa filtración que se dio a través de los medios de comunicación, no se le hubiera dado la importancia debida a un asunto que no tenía porqué haber llegado a la Corte. Yo más bien veo en eso, un aspecto de populismo.
¿Cuál tendría que ser la ruta que debe seguirse en México para empezar a disminuir los altos índices de impunidad?
Mientras no se aplique la correctamente la ley dentro de este Gobierno, ¿cómo no va a haber impunidad? Vemos que se mencionan, por ejemplo, las casas que tiene el señor Manuel Bartlett, y la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, no determinó absolutamente ningún ilícito. Y después a ella le sacaron que tenía varias casas. Eso es impunidad.
Hay impunidad propiciada por el propio Gobierno. ¿Por qué no se investiga lo que pasó realmente con la Línea 12 del Metro? Eso es impunidad. El tráfico de influencias que cometió el Fiscal General de la República -y que sigue siendo Fiscal General de la República- eso es impunidad.
