El 55% de los licitantes, proveedores y contratistas sancionados entre 2004 y 2021 se concentra solo en cuatro órganos gubernamentales: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus subsidiaras, Secretaría de la Función Pública (SFP) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La cifra de particulares castigados en dicho lapso asciende a dos mil 74, de los cuales 385 son del IMSS, 329 de Pemex, 272 de la SFP y 187 de la CFE, según información del Sistema Nacional Anticorrupción.
Del total de las sanciones, mil 576 fueron multa e inhabilitación del prestador del servicio, 463 únicamente penalización económica, 33 no especificadas y dos absolutorias. El año con más resoluciones de este tipo fue 2010 con 233, seguido por 2011 con 174 y 2021 con 168.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público –publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero del 2000– estable que un licitante, proveedor o contratista será acreedor de una multa cuando no formalice algún contrato.
En el caso de las inhabilitaciones la causalidad es más amplia: proporcionar información falsa o actuar con dolo en algún procedimiento; no formalizar dos o más contratos en el plazo de dos años; causar daños o perjuicios graves a la dependencia; y tener rescindido administrativamente un contrato en dos o más entidades en un plazo de tres años.
Las sanciones para los particulares prestadores de servicios afectan la administración de las entidades gubernamentales y, por ende, los resultados de las mismas, pues su función es dar solución a las problemáticas públicas, señaló en entrevista Jaime Hernández Colorado, secretario técnico del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), de la Universidad de Guadalajara.
Hay un espacio “nebuloso” en torno a quienes son multados, agregó el especialista, porque esa penalización no los limita para concursar y obtener contratos. Además, dijo, con los privados inhabilitaciones ocurre que en ocasiones se aplica el castigo en el ámbito federal, pero eso no les impide laborar con los órganos locales.
“En un supuesto, puede que tú seas un proveedor que fue multado tres o cuatro veces por no formalizar un contrato, por ejemplo. Entonces, cuando una dependencia te va a otorgar un contrato, con la información que hay en el padrón de proveedores sancionados, puede ver que a ti te han castigado. ¿Eso qué implica? Que si se avientan a darte otro se arriesgan a que otra vez no formalices el contrato y se genere un problema administrativo para la dependencia”, apuntó Hernández Colorado.
Entre los entes gubernamentales con licitantes, proveedores y contratistas sancionados en el referido periodo también destacan: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado –79–, la Secretaría de la Defensa Nacional –68–, Aeropuertos y Servicios Auxiliares –62– y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –31.
