Nacional

Corte reserva por cinco años información sobre compras de vacunas contra Covid-19

Los datos sobre las condiciones de contratación y comprobantes de pago para los inmunizantes se mantienen resguardados hasta 2025

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reservó durante cinco años los datos sobre las condiciones esenciales de contratación, y los comprobantes de pago, para la compra de vacunas contra Covid-19 de Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino.

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El Pleno de la Corte declaró que difundir esta información implica un riesgo para la seguridad nacional, pues se violarían cláusulas de confidencialidad de los contratos y se pondría en peligro el suministro de vacunas.

Asimismo, se planteó que la reserva de ambos documentos sea por cinco años y no por dos, como lo había propuesto el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Además los ministros declararon fundados dos recursos promovidos por el Ejecutivo federal, previstos en la Ley de Seguridad Nacional, que permiten a los ministros asumir las funciones del INAI y modificar por completo y en definitiva las resoluciones de este último.

En el caso se actualiza la reserva de la información por motivos de Seguridad Nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país.

—  Ministro ponente Pardo Rebolledo.

En tanto, el ministro Javier Laynez Potisek argumentó que, en un contexto de competencia internacional para acceder al fármaco, se justifica el planteamiento de Seguridad Nacional presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia.

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También el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá votó a favor de la resolución, al considerar que hacer pública la información de los contratos puede afectar el acuerdo de confidencialidad con los laboratorios y poner en riesgo la entrega de biológicos.

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