Solo ve sombras. No distingue colores ni facciones. Óscar Sánchez Jiménez trabajaba en el departamento de logística y contratación de una empresa de Ciudad del Carmen, Campeche. Hace 16 años perdió la vista, también el empleo. Su única opción para sobrevivir fue aprender a dar masajes; de eso se mantuvo hasta la llegada de la pandemia de Covid-19.
Toxoplasmosis –una enfermedad producida por un parásito que habita en las aves y los gatos– fue la causa de su baja visión; mató las células de sus ojos. Tenía una jaula con periquitos australianos.
Durante nueve años, Óscar se dedicó a dar masajes. Fue muy difícil ganarse la confianza de los clientes, porque no confiaban en un ciego para dar el servicio; muchas veces le cancelaron. Sin embargo, las restricciones sanitarias en 2020 le impidieron continuar: necesitaba el contacto físico, algo prohibido en beneficio de la salud.
“Pedía trabajo, pero me decían ‘en qué te puedo emplear’; no buscaban en qué. Otros, de plano, me decían que no, o el típico ‘luego te llamamos’. Así estuve todos estos años”, dijo a Publimetro. Tampoco tuvo apoyo gubernamental.
Discriminación, falta de oportunidades y prejuicios, principalmente, son las dificultades que enfrentan las personas ciegas y con baja visión en su búsqueda de trabajo. Esta odisea se complicó más aún debido a la pandemia de Covid-19; a pesar de la emergencia sanitaria, las autoridades nunca los contemplaron.
En México hay siete millones 168 mil 178 ciudadanos con discapacidad o alguna condición mental, según el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Del total, 2.7 millones son gente con problemas visuales.
Solo el 38% de las personas discapacitadas con 15 años o más –2.4 millones– cuenta con un empleo. En contraste, 67% de los habitantes sin discapacidad con 15 años o más –59 millones– figura en la tasa de participación económica.
No existe la apertura laboral para los ciegos porque se piensa que son incapaces de hacer las cosas y el contratarlos conlleva realizar adaptaciones o gastar mucho dinero, aseveró en entrevista Olga Nidia Guerrero, presidenta de la Unión Nacional de Ciegos y de Baja Visión (Unaciv).
Olga, de 49 años de edad, perdió la vista hace una década debido a la enfermedad glaucoma. Entonces laboraba en una agencia de autos de Sonora, no obstante, dejó el puesto a causa de su discapacidad. A la fecha, no ha encontrado otro empleo formal.
La fuente de trabajo de este grupo de personas se encuentra en la calle; por ejemplo, la venta de dulces y el canto en transporte público. Sin embargo, las restricciones derivadas de la pandemia trajearon un cambio para mal –indicó la presidenta de Unaciv–, pues les quitaron la posibilidad de salir.
Ni en los momentos más álgidos de la pandemia ni en la reactivación económica los gobiernos locales y federales implementaron políticas públicas para atender a los ciudadanos ciegos y con baja visión, acusó; mucho menos les entregaron apoyos económicos.
“Hice un sondeo con mis compañeros (sobre apoyos gubernamentales tras la pandemia). Pregunté porque estoy en un municipio pequeño y, a lo mejor, por eso no llegó a aquí. Pero no, en realidad, del gobierno no hubo nada de apoyo para las personas con discapacidad visual. Nada”, señaló Olga Guerrero.
La licenciatura no es suficiente
Narvik Balanzar Galeana es ciego congénito; vive en Jalisco y tienen una licenciatura en Psicología. Al terminar la carrera, en 2004, le costó encontrar un empleo relacionado con sus estudios.
Por un breve lapso, sobrevivió mediante trabajos temporales de capacitador. Después no le quedó más opción, tuvo que vender dulces en los camellones de la zona metropolitana de Guadalajara. Incluso, un par de años, comerció discos piratas en la Ciudad de México.
“Terminas la carrera y comienzas a formar parte del mundo del desempleo. Si las personas que viven sin discapacidad les es complejo tener un trabajo, las personas que estamos en situación de discapacidad la tenemos un demasiado más complejo, porque, aparte de que el país está en crisis y tiene problemas laborales, está toda la gama de estigmas”, explicó Narvik a este medio.
Entre la gente con ceguera o baja visión, él es de los pocos afortunados con empleo formal, pues en 2013 ingresó al área de Atención a Discapacitados de un ayuntamiento. No obstante, tardaron tres años en darle un contrato indefinido.
La pandemia de Covid-19 no perjudicó a Narvik Balanzar, pero sí notó la indiferencia gubernamental: “Yo escuchaba en las noticias ‘se contempla al adulto mayor; se contempla a los menores’, ¿y en qué momento se contemplaron a las personas en situación de discapacidad (durante la pandemia)? Yo conocí mucha gente que batalló mucho”.
Otro caso es el de Miguel Ángel García. Al año y medio de vida le detectaron cáncer en los ojos; no se salvó su visión. En julio de 2021, concluyó sus estudios en Ciencias Políticas; en agosto murió su padre.
Para ayudar a su mamá con los gastos de la casa, comenzó a vender dulces en el Centro Histórico de la capital del país. Ninguna empresa lo contrataba. Una ocasión lo llamaron de una compañía telefónica; no les mencionó su discapacidad. Al notar su ceguera, durante la entrevista presencial, le pusieron muchas condiciones, entre ellas, un contrato sin las prestaciones de ley.
“Desafortunadamente, muchos de los trabajos que se les dan a los ciegos son de telefonía. Esto, independientemente de lo que sepas hacer; así tengas la licenciatura en mano, tengas una maestría o demás, la gente te encasilla”, aseguró en entrevista.
Luchan por una ley dignificadora
La Unaciv impulsa una reforma al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, la cual establece, entre otras cosas, que los centros de trabajo con más de 20 empleados deberán ofrecer más de cinco por ciento de sus puestos a personas con discapacidad. El pasado 23 de febrero, se aprobó en el Pleno del Senado y pasó a la Cámara de Diputados.
“No todos los diputados están dispuestos a trabajar por una causa de esta índole. Eso es lo que nos ha costado. La cuota de contratación llega a la Cámara de Diputados a finales de febrero y desde entonces no se ha movido; como van las cosas, creo que se va a quedar un año ahí”, señaló Miguel Ángel García.
Cabe destacar que en Sonora y Campeche hay leyes que garantizan un porcentaje de la nómina gubernamental para discapacitados –2% y 3%, respectivamente–. No obstante, en ninguna de estas entidades se respeta; tampoco hay órganos encargados de vigilar su cumplimiento.
“Se exhorta a los legisladores y ciudadanos a apoyar la cuota de contratación, porque los beneficiarios directos somos las personas con discapacidad, pero como tal vamos a formar parte de la reactivación económica y vamos a aportar de manera tangible al Producto Interno Bruto”, concluyó el politólogo de 26 años de edad.
