Mientras limpiaban la hierba de su terreno, dos hermanos fueron sorprendidos por hombres armados: “Se quitan o les volamos la cabeza”, amenazaron los invasores al tiempo que cortaban la malla divisoria. Súbitamente, el predio, ubicado a tres cuadras del ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, se llenó de niños, adultos e incluso ancianos –coludidos en el ilícito.
Este es un caso del delito de despojo, el cual incrementó 50.8% entre 2015 y 2021. En el primer año se registraron 21 mil 618 denuncias, en el segundo 32 mil 605, así lo revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los hermanos –quienes pidieron mantener su nombre en anonimato por miedo a represalias– se refugiaron en su casa, no obstante, tres sujetos los sacaron con violencia. La invasión del inmueble, de poco más de una hectárea, fue un lunes del pasado marzo, el martes ya habían tirado la casa, quitado los árboles y las plantas y aplanado el suelo con una retroexcavadora.
Durante el lapso referido se abrieron 183 mil 328 carpetas de investigación por el ilícito mencionado; la cifra récord es la enlistada en 2021. Hasta el 30 de abril del año en curso, la incidencia delictiva nacional de despojo asciende a 10 mil 153.
“Dimos aviso tanto al Ministerio Público como al Ayuntamiento, y fueron a colocar sellos para detener los trabajos, pero no lo hicieron. Teníamos ese inmueble lleno de tierra y lo emparejaron completamente con retroexcavadora al día siguiente”, dijo a Publimetro la sobrina de los afectados.
Hay dos procedimientos legales iniciados por este caso: uno penal en el Ministerio Público y otro administrativo en el ayuntamiento de Chimalhuacán. Los hermanos cuentan con escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad, sin embargo, no ha sido suficiente para acelerar el proceso judicial; es más, los victimarios están amparados sin ostentar ningún documento que los acredite como propietarios.
Actualmente, el inmueble está clausurado y libre de los invasores, pero no por el delito de despojo, sino por la violación de los sellos de suspensión de obra puestos por la Secretaría de Desarrollo Urbano.
La historia de los hermanos no es la única en Chimalhuacán. Al menos otras cinco familias del mismo barrio fueron víctimas del despojo de sus predios, los cuales eran utilizados para la cría de animales o cultivo. Hay casos denunciados desde 2020; tampoco registran avances en sus procesos legales.
“Aquí la zona es susceptible de invasiones. Buscamos a familias que han sido invadidas, encontramos cinco que sufrieron el despojo por las mismas personas. Es un grupo de choque el que ocupan: los mismos personajes, las mismas camionetas”, señaló la sobrina de los afectados.
Falta la cifra negra
En los estados donde hay mayor capacidad institucional y confianza en la autoridad se matriculan más reportes y denuncias de delitos; en las entidades con la credibilidad del gobierno deteriorada puede haber un subregistro de la incidencia delictiva, en este caso de los despojos, explicó en entrevista Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
“En el caso de la trata de personas, por ejemplo, en Tlaxcala hay meses en que no hay ni siquiera una carpeta de investigación (abierta en las fiscalías locales), pero nosotros sí tenemos varios reportes de Tlaxcala en el mismo mes”, indicó el experto.
De 2017 a 2021, los estados con el mayor número de denuncias interpuestas por despojo son Estado de México (26 mil 441), Ciudad de México (26 mil 32), Jalisco (12 mil 950), Veracruz (11 mil 535), Puebla (ocho mil 638) y Baja California (ocho mil 632).
Conforme las autoridades demuestren que hay policías, vigilancia, intervención, órdenes de aprehensión, cateos, detenciones de objetivos generadores de despojo y sentencias, agregó Guerrero Chiprés, disminuirá el incentivo negativo de los delincuentes para cometer la invasión de predios, inmuebles o casas.
La cifra negra de ilícitos refleja la falta de credibilidad en las autoridades, la cual se motiva por la impunidad y el miedo a una colusión de parte de los funcionarios inmediatos con los victimarios, aseveró a este medio Angélica Canjura Luna, investigadora de la organización Causa en Común.
Asimismo, abundó, la pandemia de Covid-19 agudizó la inseguridad en el país porque se redujo el personal de operación de los Ministerios Públicos, mismos que ya estaban rebasados en sus capacidades previo a la emergencia sanitaria.
“En México la cifra negra es superior al 98.6%. Si nos vamos por delito, hay unos que tienen mayor cifra negra; la más grande es la del secuestro: superior al 93%, es decir, si tuviéramos 100 secuestros, solamente se denunciarían siete y 93 ocurrirían sin que lo supiéramos”, detalló Canjura Luna.
Sin apoyo de la fiscalía
Ninguna de las familias afectadas por el citado despojo ha recuperado sus inmuebles; existen personas con procesos de dos años, sus predios ya hasta casas construidas tienen.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México es renuente en apoyar a las víctimas de Chimalhuacán, acusó la sobrina de los hermanos. Los invasores se defienden con documentos falsos para acreditar la propiedad de los terrenos, dijo, los cuales incluso cuentan con sellos del municipio.
Ante esto, el Ministerio Público se declaró incompetente bajo el argumento de ser un pleito entre civiles y no un delito de despojo.
“Rastreamos el nombre de la persona que se hace pasar como propietario; tiene un juicio iniciado en 2017 por una reivindicatoria, es cuando tienes un terreno que no es tuyo y te piden regresarlo. Es claro que operan desde 2017; nadie los ha detenido y la Fiscalía ha sido totalmente omisa a dar seguimiento. La situación es muy complicada porque es un grupo delictivo... tememos por nuestra seguridad”, finalizó la sobrina de las víctimas.
