El 68.1% de los homicidios de periodistas son desestimados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle), debido a que en sus investigaciones no halló relación alguna con la labor informativa.
Esta dependencia federal se creó el 5 de julio de 2010; desde entonces y hasta el 30 de abril de 2022, su registro de expedientes abiertos por asesinatos de comunicadores asciende a 97. Sin embargo, únicamente en 31 –lo equivalente al 31.9%– mantiene indagatorias con posibles causas asociadas al trabajo periodístico de las víctimas.
Según datos de la Feadle, en 15 de las averiguaciones del citado ilícito se ejerció acción penal, tres de ellas se ligan con servidores públicos. Además, se obtuvieron seis sentencias condenatorias: tres en Chihuahua, dos en Sinaloa y una en Guanajuato.
Es preocupante que la Feadle tenga criterios arbitrarios para determinar si hay vínculo o no entre el homicidio de un periodista y su labor informativa, aseveró a Publimetro Luis Knapp, coordinador de Defensa en Artículo 19.
La lista de Artículo 19 sobre comunicadores asesinados en México matricula 100 atentados durante el mencionado lapso, en todos observaron elementos para vincular el crimen con la profesión de los victimados.
Es alarmante y elevada la diferencia de esta estadística con la cifra de la Fiscalía Especial, señaló el integrante de la organización internacional, pues el órgano gubernamental no asumió su competencia en hechos donde probablemente sí hubo vínculos.
“Nos han sucedido casos donde la Feadle considera que tal delito no tuvo relación con su labor. Uno de ellos, por ejemplo, fue el caso de Moisés Sánchez Cerezo, periodista asesinado en Veracruz en 2015; ahí, desde un principio, la Feadle se negó a investigar ese asunto. Tuvimos que irnos hasta juicio de amparo para obtener una resolución favorable”, indicó Luis Knapp.
Decisión no determinante
La declaración de incompetencia de la Feadle en los homicidios de comunicadores no obliga a las fiscalías locales a descartar las líneas de investigación asociadas con el ejercicio de la libertad de expresión, explicó en entrevista Víctor Martínez Villa, abogado de Propuesta Cívica.
Asimismo, abundó, si el ente federal no atrae casos de este delito, no necesariamente implica que el asesinato se efectuó por razones distintas a la labor periodística de la víctima. Al final de cuentas, dijo, su facultad de atracción es muy discrecional, por ello tiene la potestad de elegir si bota las carpetas para evitar cargas de trabajo o las jala por considerarlas interesantes.
“Hay declinaciones de competencia de Feadle, de años pasados, que nos tocó revisar y no eran un tema de no poder comprobar (delitos contra la libertad de expresión), sino que a veces la Feadle misma para evitar cargas de trabajo innecesarias botaba los casos hacia las fiscalías estatales”, apuntó Martínez Villa.
Propuesta Cívica también posee su propio conteo de homicidios de periodistas, el cual se conforma por delitos posiblemente ligados a la profesión de la víctima. La lista matricula 117 atentados.
Periodismo bajo fuego
La situación para los comunicadores en México está muy oscura porque cada año aumentan las agresiones, mismas que se exacerbaron durante 2022, aseguró Luis Knapp. Además, agregó, existe una cifra negra –eventos no denunciados– alarmante.
“No solo es el crimen organizado el que perpetra las agresiones, sino también las autoridades y personas particulares. Esto se ha exacerbado por el discurso estigmatizante y descalificante que viene desde las autoridades federales y locales, principalmente desde el presidente de la República que casi a diario descalifica y estigmatiza a medios de comunicación y periodistas de los cuales no le gusta una publicación”, subrayó el coordinador de Artículo 19.
Entre julio de 2010 y abril de 2022, la Feadle registra mil 469 expedientes por ilícitos contra periodistas. Amenazas –671–, abuso de autoridad –201– y lesiones –109– son los de mayor número de denuncias.
De igual forma, los estados con más carpetas de investigación abiertas son Ciudad de México –238–, Veracruz –130–, Quintana Roo –106–, Estado de México –95–, Guerrero –82–, Oaxaca –73– y Tamaulipas –65.
“La creación de la Feadle responde a la necesidad de garantizar una debida diligencia, una imparcialidad, una independencia de los órganos de procuración de justicia, de los peritos, de los policías de investigación y del Ministerio Público a la hora de investigar este tipo de delitos”, apuntó Víctor Martínez.
Sin embargo, los recursos económicos y humanos de la Fiscalía Especializada no son los suficientes para realizar averiguaciones ni para llevar a juicio todos los asesinatos de comunicadores, finalizó el abogado de Propuesta Cívica.
En la conferencia presidencial del pasado 14 de junio, Andrés Manuel López Obrador reiteró que la mayoría de los homicidios de periodistas se asocian con conflictos regionales no vinculados con el poder; más bien, dijo, se relacionan con el crimen organizado.
