En los puestos de toma de decisiones del Poder Judicial (PJ) no hay paridad de género: solamente 34.5% de los magistrados, 36.4% de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 43.6% de los jueces de distrito son mujeres, de acuerdo con información del Instituto Nacional de las Mujeres.
Aunado a ello, ninguna fémina ha presidido el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) o la SCJN, los dos principales entes del Poder encargado de cuidar y cumplir las leyes de la Constitución. Cabe destacar que en el Artículo 41 de la Carta Magna se garantiza el principio de paridad de género.
Una participación y representación equilibrada en el PJ es fundamental porque imparte la justicia en el país; por lo tanto, al no contemplar plenamente a las mujeres se vuelve una justicia coja, aseveró en entrevista la doctora Guadalupe Ramos Ponce, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Si bien el tema se ha trabajado en los últimos años –abundó la abogada–, sobre todo a nivel federación con protocolos adecuados y sensibilización, todavía hay una enorme distancia para tener juzgadores capacitados en relación con la perspectiva de género.
El PJ se conforma por 50 mil 999 funcionarios –según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021–, de los cuales 50.4% son varones y 49.6% mujeres. La nómina de la Corte es 53.3% hombres y 46.7% féminas; la diferencia aumenta en la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 57% y 43%. En la plantilla del CJF se invierte la situación por un margen menor: 49.9% son hombres y 50.1% mujeres.
“Hemos ido alcanzando, poco a poco, la paridad en distintos ámbitos, sobre todo en el Poder Legislativo, porque ahí es donde se han puesto las reglas más claras de participación para que las mujeres tengan la posibilidad no solo de participar, sino de llegar a ocupar los escaños”, dijo.
En el Congreso de la Unión sí se observa un equilibrio entre mujeres y hombres: el 50.2% son diputadas y el 50% son senadoras en la actual Legislatura. Algo similar ocurre en los Congresos locales, pues en 2015 solo el 38.5% de estos contó con representación paritaria, sin embargo, para 2021 alcanzó el 50.7%.
Respecto al Poder Ejecutivo, ocho de las 19 Secretarías de Estado –42.1%– son encabezadas por mujeres –Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, Seguridad y Protección Ciudadana, Energía, Cultura y Bienestar.
El arribo de las mujeres a puestos de decisión ha estado plagado de obstáculos, indicó Ramos Ponce. La minimización de su trabajo y persona, el acoso laboral y las burlas, abundó, aparecen en todos los niveles de gobierno; además los cargos de mayor jerarquía y de ingresos más altos aún se destinan para los varones.
“Si revisas en el ámbito estatal cuántas servidoras y servidores públicos hay, pues el 43% son hombres y 57% son mujeres. Sí, la mayoría son mujeres, pero justo están en aquellos espacios donde no tienen poder de decisión, es decir, los mejores puestos, los más altos, los de decisión siguen siendo ocupados por los hombres”, enfatizó la abogada feminista.
Se requieren cambios fundamentales
Para alcanzar la paridad en el Poder Judicial no basta con la llegada de mujeres a los cargos públicos, también se necesita garantizar que la justicia completa sea con perspectiva de género y conseguir una igualdad sustantiva, explicó la integrante del OCNF.
El principal reto para lograrlo, dijo, es la violencia política, porque no se han generado políticas públicas –en ningún nivel de gobierno– destinadas a facilitar la llegada de las mujeres a los altos cargos. Es una deuda histórica pendiente, subrayó.
“La paridad de género es un principio y no una dádiva; no es una cuota, sino un principio constitucional donde se reconoce la posibilidad de participación de las mujeres en igualdad de circunstancias que el varón”, concluyó Guadalupe Ramos Ponce.
