El asesinato del periodista Antonio de la Cruz, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue el doceavo cometido en México contra un comunicador en lo que va de 2022, año que se perfila como el más mortífero en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el más violento de los últimos 22 años. Pese a los llamados de organizaciones civiles nacionales e internacionales para atender este problema.
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Ante esta situación y presión de distintos sectores para frenar esta ola de violencia que padecen comunicadores y defensores de derechos humanos, en el Senado de la República descongelaron la Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadores de la Prensa a través de un foro en donde, junto a académicos del Instituto Belisario Domínguez y legisladores de distintas bancadas, abordaron este problema y tocaron los lineamientos que deberían atenderse en la normatividad.
Los principales puntos que plantea la “Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa” es mejorar las prácticas y protocolos internacionales y obliga al Estado a identificar contextos y situaciones de riesgo, así como establecer mecanismos de alerta temprana. Otro punto importante son las medidas de seguridad, las cuales deberán facilitar, y no impedir el ejercicio periodístico, “pues la protección no significa censura”, coincidieron senadores y académicos.
Tras condenar el asesinato del periodista de la Cruz, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el senador del PRI Osorio Chong refirió que hoy América Latina es la región más peligrosa del mundo para ejercer el oficio de informar y México, lamentablemente encabeza esa lista.
Periodistas bajo asedio
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que de 2006 a la fecha se han identificado 256 asesinatos de periodistas, mientras que en el transcurso del actual gobierno suman 59.
Detalló que el perfil de las personas periodistas que han ingresado al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, son aquellas personas que cubren la nota policial o de corrupción en entidades federativas, principalmente, como Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Sonora y Guerrero.
Reveló que desde la Secretaría de Gobernación han identificado que entre los factores que detonan el riesgo hacia las personas periodistas es la impunidad de presidentes y policías municipales, quienes no solamente se niegan a proteger a los periodistas, sino, aseguró, se sienten con la libertad y ‘valentía’ de ser parte del problema.
En tanto, Frédéric Vacheron, representante de la Unesco en México destacó la urgencia de intensificar los esfuerzos en la materia con un plan de acción de las Naciones Unidas sobre seguridad de periodistas, la impunidad, prevención, protección y procuración de justicia; para ello, agregó, es fundamental mejorar y sumarse a las legislaciones políticas y planes de acción en Latinoamérica y el Caribe, con los mecanismos de Estado para proteger a los comunicadores.
Datos:
- En su reporte más reciente, del 24 de mayo de este año, Artículo 19, organización independiente que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión, contabilizaba 11 periodistas asesinados en el país en lo que va de 2022. Con el asesinato de este miércoles, suman 12.
- En 3 años, AMLO ha lanzado casi dos mil ataques a la prensa, de acuerdo con Article 19.
Zonas de silencio:
Veracruz, Baja California y Michoacán son los estados en los que, este año, han ocurrido más asesinatos de periodistas.
40% de los agresores de los periodistas son autoridades estatales y principalmente municipales, mientras que en el 30% de los casos, están involucradas bandas del crimen organizado.
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¿De qué trata el modelo de protección?
El modelo contempla la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección ante agresiones a periodistas, que permitiría tener una coordinación más eficaz con las entidades federativas, fiscalías y áreas de seguridad.
Además se busca crear un Programa Nacional de Prevención, para visualizar agresiones, amenazas, y todo tipo de violencias, así como un protocolo homologado de actuación y generar un Registro Nacional de Agresiones hacia Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, como parte de una política pública que permitiría generar datos fiables para ver dónde está la amenaza y la prioridad.
