Este 31 de agosto se cumple un año de operaciones de Gas Bienestar, periodo en el que la industria gasera en México ha enfrentado graves panoramas. ¿Lo peor? Expertos advierten que no se prevén signos de mejoría en los próximos meses.
“A lo largo de la historia, cada vez que el Estado mexicano ha tratado de crear empresas paraestatales o similares para dar algún tipo de servicio, lamentablemente –en su mayor parte– han fracasado por diversas circunstancias”, explica a Publimetro Carlos Alberto Bautista Pérez, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.
“Uno se pone a pensar que sería mejor que fomenten que el propio distribuidor haga bien su trabajo, pero lamentablemente en vez de esto, el propio gobierno mexicano trata de retomar ideas del pasado para dar esta clase de servicios”, añade.
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En México existen dos tipos de este energético: el gas licuado de petróleo (también conocido como gas LP o GLP) y el gas natural. Sin embargo, las refinerías del país -excepto Dos Bocas, que aún no está en operaciones- no cuentan con la capacidad para la correcta extracción del gas LP. “En cualquier refinería vamos a ver que siempre hay una llamarada que está todo el tiempo encendida. ¿Por qué pasa esto? Porque, cuando se separa el gas LP del petróleo para refinar la gasolina, el gas LP se quema”, explica Bautista.
Por tal motivo, el gas LP que México tiene, se importa del extranjero, principalmente de Estados Unidos. “El gas LP y el gas natural se tienen que tratar (como pasa con el petróleo para convertirlo en gasolina) y hay que ponerle aditivos (como el mercaptano) para que, por ejemplo, cuando hay una fuga de gas, tengan olor. Si no, prácticamente no olería y hacer todo esto tiene cierto costo”, explica Bautista, destacando que es un proceso caro.
Alza en el precio de combustibles, entre los principales retos para Gas Bienestar
Entre los retos que la industria del gas ha enfrentado entre 2021 y 2022 está el incremento del precio de los combustibles. Hasta el 30 de agosto de 2021 (un día antes del lanzamiento de Gas Bienestar), los precios promedio de las gasolinas eran los siguientes: gasolina regular, 20.44 pesos por litro; gasolina premium, 22.40 pesos por litro; diésel 21.68 pesos por litro. En aquél momento, Profeco recordó que en la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2021, la gasolina regular contaría con un porcentaje de estímulo del 43.48%. Por otra parte, el gas estacionario tenía un precio de 12.46 pesos por litro y el cilindro tenía un precio promedio de 23.09 pesos por kilo.
“Los gaseros -con tal de también tener ventas- han reducido aún más sus porcentajes de ganancia y el Gobierno ha visto los problemas internacionales que enfrenta la industria. Por eso Gas Bienestar no ha sido negocio”
— Carlos Alberto Bautista Pérez especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle
Sin embargo, cerca de un año después, los precios de los combustibles han aumentado. De acuerdo con el informe presentado por Profeco este 1 de agosto, en promedio, la gasolina regular cuesta 22.05 pesos por litro; la gasolina premium cuesta 24.00 pesos por litro y el diésel pasó a 23.38 pesos por litro. Todos con un subsidio al IEPS del 100%. En cuanto al gas LP, el precio del tanque estacionario cuesta 13.13 pesos por litro y el cilindro pasó a un precio promedio de 24.36 pesos por kilo.
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¿Por qué este escenario también ha significado un problema para la industria del gas LP? “Porque la mayor parte de los camiones que distribuyen funcionan a gasolina y otros a diesel. Al tener una alza en el costo del combustible, automáticamente habrá un alza en el precio del combustible, es decir, del propio gas, porque es muy caro transportarlo”, explica Bautista.
Por otro lado, Pemex vende el gas a las gaseras para que lo puedan llegar a distribuir, “pero al final de cuentas los precios internacionales han afectado bastante”, concluye Bautista.
3 PREGUNTAS CON
Tzirancamaro Figueroa, Director de la Asociación de. Distribuidores de Gas Licuado del Interior,. A.C. (ADIGAS)
¿Cuáles son los retos que ha enfrentado la industria del gas LP en el último año?
La industria de la distribución tiene muchísimos sectores. En el último año, lo que hemos detectado es una fuerte presión inflacionaria generalizada, que es mundial. No nada más es del gas ni de los energéticos, sino de los productos al consumidor en general.
Vemos que ha habido un esfuerzo importante por parte del gobierno federal para frenar la inflación. Nosotros, lo primero que podemos expresar, es que ciertamente se ha hecho un esfuerzo muy grande por el gobierno y por la industria para mantener los precios del gas.
Hemos realizado, por el lado de la industria, esfuerzos muy grandes para hacernos más eficientes y para lograr el cometido.
Nosotros estamos totalmente comprometidos y sumados a que el acceso de la población al gas licuado de petróleo sea una cuestión que cumpla con dos factores fundamentales: que sea suficiente, es decir, que haya abasto para todos y que sea accesible en su precio.
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En el caso del abasto, no hay ningún indicativo -de momento- que nos haga suponer que pudiera llegar a ver desabasto, así como en su momento lo hubo con las gasolinas. Evidentemente hay un escenario mundial muy retador, no nada más para el gas, sino para casi cualquier energético en sus precios (principalmente los fósiles).
“Mientras tengamos piso parejo en la industria, los particulares contra Gas Bienestar (que obviamente es una empresa de participación estatal)- pues no tenemos ningún inconveniente. Al final del día, nosotros todo el tiempo tratamos de ser más eficientes en nuestros precios, en nuestros costos, en tratar de llevar el producto de manera más accesible a la población”
— Tzirancamaro Figueroa, Director de la Asociación de. Distribuidores de Gas Licuado del Interior,. A.C. (ADIGAS)
En el caso del gas LP existe una dificultad que puede venir adicional. Vemos que -a lo mejor- hay cambios en las políticas de consumo de los países europeos y la guerra Rusia-Ucrania se puede prolongar hasta finales de año.
El gas es un producto que su precio se basa obviamente en la demanda y la demanda, cambia mucho dependiendo la etapa estacional del año. Cuando empieza a hacer frío, la demanda incrementa porque el gas es un calórico. Esto más o menos viene dándose de finales de octubre a principios de noviembre. Para enero el precio alcanza su máximo del año en condiciones normales.
Entonces, vemos que pudiera venir como un ‘cóctel de situaciones’, debido de la recuperación post pandemia, de la guerra combinado con lo del invierno, lo que pudiera ser un escenario algo retador para todos los que participamos de la cadena de distribución del gas licuado de petróleo y claro, para el gobierno federal, que es el rector de las políticas públicas en el país.
Nosotros vemos que uno de los ejes fundamentales de la idiosincrasia del actual gobierno es apoyar al consumo de las familias, especialmente las de más bajos recursos. Creemos que el gas LP tiene muchísima más sustancia en la parte social, que las gasolinas. Más cuando se está dando subsidio a la gasolina Premium y todos sabemos que la gasolina premium es un producto totalmente suntuario. Eso contrasta mucho con el hecho de que al gas licuado de petróleo no se le otorga ningún apoyo gubernamental. Básicamente la reducción del precio al consumidor se basa en el esfuerzo de las empresas distribuidoras.
En ese escenario, existe también otro jugador con una presencia importante: la delincuencia, el crimen organizado en la modalidad de “huachigas”. ¿Cómo está esa situación para la industria?
Estamos muy unidos en ese tema. El gobierno federal hizo una tarea muy buena en el combate al huachicol, -que es el de las gasolinas- y básicamente lo redujo muy significativamente.
Pero esas mismas personas, esas mismas organizaciones, buscaron otra área de oportunidad y la encontraron en el gas. Esto funciona de una manera muy peculiar, porque hay un número muy importante de vehículos repartidores que parecen ser legales y no lo son. A simple vista ni yo podría saber que no lo son y son los que andan repartiendo el huachigas.
Esto cuesta muchísimo dinero, lo que también serviría para bajar el precio del gas. Nosotros, lo que le pedimos al gobierno federal, es que deje de sobrerregular a las empresas legalmente establecidas, porque es rarísimo el caso de que el gas robado pase por una instalación de gas legal, porque las instalaciones de gas legalmente establecidas son 10 veces más caras que las gasolineras.
Ningún dueño se va a prestar a arriesgar un patrimonio de ese tamaño para mover gas ilegal. En vez de estar regulando y buscándonos en las plantas, que se realicen operativos de campo. Nosotros creemos que si se realizaran operativos de campo en las zonas que tenemos un poco mayor de comercio ilegal (puntualmente, en el estado de Puebla) se podría reducir en mucho el precio.
Es un problema grande y que además pone en riesgo a la población porque (además de que estas personas no tienen conocimientos técnicos y de que no están preparados para realizar una instalación y hacer el suministro) el gas siempre genera un riesgo inherente. Es un riesgo legalmente aceptable, pero ellos no tienen seguros por ejemplo. Entonces, el día que hay un siniestro, el particular no tiene manera de saber que no está siendo amparado por un seguro, como nosotros las empresas gaseras, que todas estamos -por ley- obligadas, desde hace años, a contar con estos seguros.
¿Qué les responden cuando piden apoyo gubernamental?
Nos han recibido muy bien por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que no haya aumento de precios en el gas. Nosotros lo que estamos proponiendo es precisamente paliar con eso en una estrategia que abarca muchas cosas, como este apoyo.
No es nada más es decir “danos un subsidio”, como pidiendo al Gobierno que abra la cartera. También encontramos muchas áreas de oportunidad en nuestro marco regulador. Tenemos un marco regulador, amplísimo y carísimo y que cada día (aunque entendemos que las autoridades, con muy buena intención de salvaguardar la integridad de las personas) nos incrementan más los requisitos.
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No hay un número exacto de cuánto cuesta el marco regulador, porque depende de cada empresa, pero más o menos debe de costar como entre un 1.00 y 1.52 pesos del kilo de gas. Es decir, cada vez que la señora ama de casa paga su gas, una parte sustancial de lo que está pagando es el costo regulatorio, y ese costo regulatorio las autoridades tienden a incrementarlo.
Quizás, en un análisis costo-beneficio, a lo mejor ahorita no es el momento de estar pidiendo más requisitos a la industria. Por ejemplo, en el SAT nos están pidiendo que ya instalemos a la brevedad posible unos controles volumétricos que, básicamente, son los medidores que le permiten al SAT saber en tiempo real, cuánto gas entra y cuánto gas sale de un tanque de almacenamiento, ya sea de los tanques de almacenamiento que están instalados en las plantas de gas, como en pequeñas gaseras, que son estaciones de servicio en el interior del país.
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