De dos mil 33 adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la Casa de Moneda de México, entre enero y junio de 2022, 98.3% (dos mil) fueron a través de adjudicación directa, es decir, compras sin convocar proveedores para elegir la mejor opción. Solo dos fueron por licitación pública y 31 por invitación a cuando menos tres personas.
Según reportes financieros del órgano descentralizado del gobierno federal, el monto total de las operaciones asciende a mil 518 millones 789 mil 968 pesos, de los cuales mil 502 millones 19 mil 371 corresponden al procedimiento de adjudicación directa.
El monto por las 31 adquisiciones vía invitación a cuando menos tres personas es de 11 millones 513 mil 796 pesos; mientras, las únicas transacciones por licitación pública fueron de cinco millones 256 mil 800 pesos.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) establece en su Artículo 26 que la licitación pública es el procedimiento de contratación por excelencia, pues asegura al Estado las mejores condiciones de precio; la adjudicación directa y la invitación restringida son solo excepciones, indicó a Publimetro Jaime Hernández Colorado, secretario técnico del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), de la Universidad de Guadalajara.
En dado caso de no utilizar la regla general, abundó el especialista, los órganos de gobierno deben fundamentar sus motivaciones con base en la normatividad y, además, constar por escrito la razón por la cual no se efectuará una licitación pública. Los informes de la Casa de Moneda registrados en la plataforma oficial Datos Abiertos de México señalan el apartado de la ley, pero no la explicación.
“Si ese documento no existe, tenemos un boquete de opacidad en el que la ley sirve para justificar adjudicaciones directas o invitaciones a cuando menos tres personas como mecanismos que se utilizan casi por regla general cuando deberían ser excepciones”, aseveró.
Nacional de Cobre es la empresa más beneficiada por este procedimiento: 11 contratos que suman 837 millones 280 mil 342 pesos; todos por láminas CMM. Dicha compañía pertenece a Elementia Materiales, una filial de Grupo Carso.
La segunda con el mayor monto es la firma finlandesa Outokumpu con 234 millones 644 mil 147 pesos por siete contratos para adquirir láminas CMM de acero; la tercera es la japonesa Toyota Tsusho Processing con seis contratos por 169 millones 924 mil 714 pesos para el mismo producto. También destaca un contrato por 94 millones 188 mil 669 pesos con Metalúrgica Met-Mex Peñoles, del conglomerado mexicano Grupo BAL, para oro ley.
El Artículo 41 Fracción XII de la LAASSP fue la justificación de la adjudicación directa para las compras mencionadas, de acuerdo con lo reportado por la Casa de Moneda. Esta normatividad exenta de realizar una licitación a las dependencias que requieran bienes para su comercialización directa o con el fin de someterlos a procesos productivos propios del ente gubernamental.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y en la gestión de López Obrador las excepciones en los procesos de adquisición de bienes y servicios se convirtieron en la regla, apuntó el investigador del IIRCCC.
La adjudicación directa no garantiza el mayor costo-beneficio para el Estado, añadió. Además, dijo, es un espacio de discrecionalidad por parte de las personas que gestionan los recursos públicos, pues con esta modalidad de transacción le puedes dar un contrato a cualquiera.
“Hay que dar una explicación (sobre la falta de licitación pública), aunque sea una adquisición absurda. Esa explicación necesita existir para que tengamos la certeza de que la adjudicación directa no fue porque el funcionario tenía ganas de darle el contrato a la empresa de su compadre, sino porque efectivamente fue la única empresa que lo podía proveer”, subrayó Jaime Hernández Colorado.
