El aumento de grupos militares en todo el país en esta administración federal generó una ola de violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias hacia las mujeres. De acuerdo con la organización feminista Intersecta, hasta ocho de cada diez mujeres detenidas por la Marina y el Ejército afirmaron estar en prisión por acusaciones falsas, además de que enfrentaron diferentes tipos de violencia en su estancia.
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Los casos que se han documentado en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador dan muestra de que las mujeres privadas de su libertad —a través de operativos y labores de seguridad— sufrieron algún tipo de violencia y tortura sexual por los militares. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó a las Fuerzas Armadas para mejorar sus protocolos de actuación por medio de diferentes recomendaciones, aunque no han sido acatadas.
La oenegé dio a conocer que durante las detenciones este sector de la población sufre desde patadas, amenazas verbales hasta golpes, esto es 20% mayor a la media nacional que se registra en este tipo de agresiones entre los operativos que efectúan en contra de los hombres por autoridades y militares.
En tanto, de este porcentaje un tercio de las mujeres que fueron detenidas aseguraron que en los últimos tres años recibieron, por si fuera poco, descargas eléctricas, así como quemaduras infringidas durante su traslado al penal o Ministerio Público en casi todos los estados del país, esto sin que recibieran siquiera atención médica en la mayoría de las ocasiones, por lo que las heridas se agravaron en la cárcel.
Violaciones también crecen
En este sentido, el Diagnóstico Nacional de Tortura Sexual, presentado por la propia Secretaría de Gobernación (Segob) en este año, destacó que siete de cada 10 mujeres privadas de su libertad sufrieron alguna tortura sexual o malos tratos en al menos una etapa de su proceso. Mientras que cerca de 42% de las agresiones sexuales se da por la policía ministerial al momento del traslado de los centros de reclusión.
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El estudio demuestra que la tortura sexual es utilizada como una práctica común, desde el inicio de sus procesos penales hasta el juicio y sentencia. Sobre la situación de las mujeres, José Luis Gutiérrez Román, director de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), dijo que el sistema de justicia penal mexicano está hecho prácticamente para fabricar culpables.
Mientras no se juzgue con un enfoque de perspectiva de género, con un enfoque intercultural e interseccional, no se podrá analizar perfectamente la responsabilidad de las personas que se encuentran en conflicto con la ley y, por lo tanto, privadas de la libertad.
— José Luis Gutiérrez
Un estudio elaborado por investigadoras del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explica que la falta de prisiones reservadas exclusivamente para mujeres ha llevado a que muchas de ellas cumplan su sentencia en prisiones mixtas donde son vulnerables, esto debido a que se ven expuestas a abuso sexual, prostitución y extorsión por parte de grupos delictivos recluidos en la sección varonil.
Sin sentencia:
Datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), revela que 68.1% de las 645 mujeres que enfrentan procesos por delitos del fuero federal en un centro penitenciario de ese ámbito en la actualidad no tiene una sentencia.
Esta cifra revela una situación desfavorable para las mujeres presas, toda vez que el porcentaje de población en general encarcelada sin tener una sentencia es del 40.3%. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021 del Inegi, el 69.2% o de quienes están en reclusión tiene entre 18 y 39 años de edad, es decir, se trata de mujeres en plenitud de su edad productiva.
Y es que la SSPC reportó que hasta mayo de 2022 permanecían en cárceles de México 226 mil 646 personas privadas de la libertad; de ellas, 213 mil 840 son hombres, 94.35% y 12 mil 806 mujeres 5.65%, datos que coinciden con la Enpol.
A considerar:
- “El 80% de las agresiones se dan por parte de cuerpos de seguridad del Estado mexicano en el primer contacto con la autoridad”.
- “37% de estas agresiones y esta tortura sexual se da fundamentalmente en el momento de la detención y el traslado al ministerio público por parte de policías municipales y policías estatales”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
- Los estados que presentan mayor incidencia sobre este tipo de prácticas son Edomex, Veracruz, Guerrero, Nuevo León y Chihuahua.
En cifras:
- De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Nacional y Estatales 2022, presentado recientemente por el Inegi, 52.9 % de las mujeres siguen a la espera de su juicio y están privadas de su libertad como medida cautelar.
- El 14.2 % de las mujeres esperan más de veinticuatro meses para recibir su sentencia.
- La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, el 39.8 % de las mujeres privadas han sufrido algún tipo de agresión después de su detención; 15.5 % algún tipo de agresión sexual, y el 4.8 % violación sexual.
