Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los delitos en materia migratoria –pertenecientes al fuero federal– alcanzaron cifras récord, incluso superaron los registros de la gestión de Enrique Peña Nieto, así lo demuestra información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre 2019 y 2021, primer trienio de la administración del morenista, se enlistaron tres mil 722 denuncias por dichos ilícitos, cantidad superior en 80.5% a lo matriculado en la segunda mitad del mandato del priista –de 2016 a 2018–: dos mil 62 casos.
Los crímenes en materia migratoria están tipificados y sancionados en la Ley de Migración; principalmente, abarcan los relacionados con el tráfico de indocumentados y la estancia en el país los papeles respectivos.
También en el periodo de AMLO se observan los años con más carpetas de investigación abiertas en la historia: 2019 con mil 369 y 2021 con mil 681. Cabe destacar que la tendencia al alza se mantuvo en 2022: solo hasta el 31 de mayo se apuntaron 710 casos de los mencionados crímenes.
Este aumento de denuncias se liga directamente con el incremento de los flujos de desplazamiento interno y externo, indicó a Publimetro Margarita Núñez Chaim, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana (Ibero).
Conforme subieron los niveles de desigualdad, pobreza y desempleo, y a medida que se deterioraron los sistemas de salud, educación y seguridad, las personas se vieron en la necesidad de buscar una alternativa de vida, explicó la especialista, por ello el crecimiento de la migración en México y Centroamérica.
“Cada vez más la gente que migra lo hace de manera forzada, es decir, sus vidas están en riesgo y en peligro, y frente a eso deciden buscar un lugar donde ya no solo mejoren sus condiciones económicas, sino también salvaguardar su vida y la de su familia”, subrayó Núñez Chaim.
Extorsión de funcionarios, el delito más común
Para pasar a territorio mexicano, los migrantes extranjeros se encuentran en la frontera con agentes de contención o autoridades migratorias. Estos los dejan pasar a cambio de una cuota, la cual va desde 20 hasta 100 dólares, aseveró en entrevista el doctor Javier Urbano, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero.
Es el delito en materia migratoria más común, abundó; se relaciona con policías locales, estatales y federales; elementos de la Secretaría de Marina; y recientemente con la Guardia Nacional. El cobro no es exclusivo para los desplazados, añadió, en ocasiones se aplica a quienes trafican con ellos.
Después de la extorsión, detalló Javier Urbano, los crímenes más frecuentes son desaparición, secuestro, asesinato y tráfico de personas con fines sexuales –aquí participa el crimen organizado y la mayoría de las víctimas son menores de edad–.
“En el sur y sureste –de México– es muy marcada la participación de empleadores que, bajo esquemas de engaño, llevan a las mujeres a supuestas labores domésticas y terminan en semiesclavitud o integradas a la trata para mercado sexual”, señaló el investigador de la Ibero.
Por su parte, Margarita Núñez apuntó que las redes del crimen organizado no operan de manera paralela a las instituciones gubernamentales, al contrario, muchas veces trabajan desde los propios organismos.
La trata y el tráfico de migrantes, agregó, son de los negocios más rentables para estos grupos delictivos, quienes explotan y lucran con la necesidad de los desplazados nacionales e internacionales.
“Quienes trabajamos con personas migrantes hemos documentado cómo el Instituto Nacional de Migración, los agentes migratorios, los policías que participan en los retenes migratorios, que normalmente es la Guardia Nacional, en realidad son también los principales agentes que extorsionan a la gente y la captura en colusión y coordinación con las redes de tráfico y trata de personas”, aseguró la coordinadora del Prami.
La cifra negra, incalculable
Muchas de las carpetas de investigación abiertas debido a delitos en materia migratoria son por mediación jurídica, es decir, algunos actores de la sociedad civil acompañan a las víctimas, pues gran número de ellas no denuncian, precisó Javier Urbano. Como consecuencia, indicó, la cifra negra es decenas de veces mayor; ni siquiera se puede contabilizar.
“En teoría, un extranjero o un mexicano es elegible para denunciar violencia en contra de su persona. El problema es a la hora de la práctica, el migrante extranjero, a diferencia del mexicano que podría denunciar sin ningún tipo de consecuencias, va a una agencia del Ministerio Público a denunciar con el riesgo de que sea asegurado y luego deportado”, explicó.
Los desplazados provenientes de otros países tampoco acusan los agravios recibidos por el miedo a represalias o debido a la prisa de moverse hacia el norte, abundó el investigador de la Ibero. Estos factores generan estadísticas muy pequeñas en comparación con la masividad de crímenes cometidos contra ellos.
“Entienden mucho los migrantes que el ser agredido, golpeado o violado es como una especie de cuota, ‘es lo que yo debo pagar para seguir mi camino’. Esa es una expresión que la hemos oído en una innumerable cantidad de testimonios de mujeres y adultos. Es el derecho de piso para seguir pasando”, señaló Javier Urbano.
