El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este jueves un informe sobre el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo público descentralizado que sustituyó a Liconsa y Diconsa, mismo que asciende a nueve mil 500 millones de pesos y que es investigado como delincuencia organizada.
Al respecto, Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, comentó que, con base en los resultados de diversas auditorias, de denuncias presentadas por servidores públicos y del “deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de Segalmex, Liconsa y Diconsa”, se creó un grupo de trabajo conformado por las secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.
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“La Secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex, en 2019 y hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas, verificaciones con montos observados por seis mil millones de pesos. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión de la cuenta pública 2020, promovió diversas acciones en las tres entidades que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por tres mil 465 millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones ascienden a nueve mil 500 millones”, añadió Salcedo.
Salcedo explicó que, con la información actualizada a la fecha, existen 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, tanto por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.
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“Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación, con miras a su judicialización”, añadió Salcedo Aquino, destacando que las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y que las carpetas de investigación se están integrando la bajo la óptica de delincuencia organizada.
A la fecha, solamente un servidor público fue vinculado a proceso por invertir, mediante intermediarios financieros, en instrumentos de alto riesgo 950 millones de pesos. “Esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente. El capital ya fue recuperado en su totalidad. Los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados”.
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